La líder de los socialistas locales, Gloria Rojas, explica que “blindar” el sistema público de servicios sociales “sólo será posible” con su incorporación a la Constitución como derecho “inalienable” de los ciudadanos. Según la formación, estos servicios no dependerán de los recursos económicos de cada momento para su prestación, sino que serán “un derecho”. La presidenta de la Gestora del PSOE melillense, Gloria Rojas, afirmó ayer que la propuesta de reforma constitucional de los socialistas es “una apuesta por blindar un modelo social más justo”. "Vamos a blindar el sistema público de servicios sociales como cuarto pilar del Estado de bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a los servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía española", aseguró.
La líder de los socialistas locales explicó que "blindar” el sistema público de servicios sociales “sólo será posible con su incorporación a la Constitución como un derecho inalienable de los ciudadanos", de ahí, según dijo, la propuesta del PSOE de reformar la Carta Magna.
Con este paso, según Rojas, los servicios sociales no dependerán de los recursos económicos de cada momento para su prestación, “sino que serán un derecho de los melillenses”.
"Este blindaje llevará consigo la revitalización de la Ley de Dependencia con la financiación necesaria", aseguró Rojas.
Cobertura y empleo
"Melilla, durante la etapa del PSOE, estaba a la cabeza del desarrollo de la Ley de Dependencia y la estupenda labor que hizo Francisca Coll al frente de la Dirección Territorial del Imserso, fue reconocida en todo el país", aseveró Rojas.
"Mientras que, en el conjunto del país, se tardaba hasta seis meses en valorar a un dependiente, en Melilla se hacía en tres meses", apuntó la dirigente socialista.
En este sentido, Rojas dijo que al término de la legislatura socialista, la Ley de Dependencia había dado cobertura a “1.130 melillenses” y permitió que se reconociese a 550 personas como cuidadoras, “de las cuales 322 cuidadoras no profesionales estaban cotizando únicamente por estos ingresos”.
Según Rojas, la Ley de dependencia también “generaba empleo”, ya que, en su opinión, el Servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia que se puso en marcha con el Ejecutivo Socialista supuso la contratación de unas 80 personas. “O que el Centro para Grandes Dependientes, que el PP ha mantenido cerrado durante 4 años, y que estaba pensado para dar servicio a 60 usuarios, implicaba la contratación de 40 trabajadores”, indicó.
La socialista insistió en que si el PSOE tiene responsabilidades de Gobierno tras los comicios, van a recuperar “los principios inspiradores de esta ley”, con la supresión del Real Decreto Ley de 2012 por el que se introdujeron “numerosas restricciones” para el acceso a los servicios de la misma.
"Vamos a establecer las medidas necesarias para dotar al Servicio de Atención a la Dependencia de la financiación necesaria", aseguró la dirigente socialista, que señaló que "se asegurará el mantenimiento de la tasa de reposición y garantizará la incorporación al sistema lo antes posible de todas las personas valoradas en el grado 1 de dependencia moderada o que se encuentren en lista de espera".
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