El Gobierno de Pedro Sánchez quiere revisar la posición que mantuvo el anterior Ejecutivo en el recurso que presentó contra la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH). El TEDH condenó a España a indemnizar con 10.000 euros a dos personas que fueron devueltas a Marruecos tras entrar en España a través de la valla de Melilla, al considerar que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy recurrió la decisión del Alto Tribunal, que admitió a trámite dicho recurso y a principios de julio tenía previsto examinarlo. Ante la proximidad de la fecha, el nuevo Gobierno socialista ha pedido más tiempo para poder estudiar la condena y el recurso interpuesto, según han señalado fuentes del Ministerio de Justicia a Europa Press.
“Tiene sentido pedir tiempo cuando todavía no hay un Abogado General del Estado”, han apuntado las mismas fuentes, que han asegurado que por el momento no hay ninguna decisión tomada sobre s se mantendrá el recurso, se retirará o se modificará.
La voluntad es “estudiarlo” y la postura final corresponde definirla principalmente al jefe de la Abogacía del Estado y al Ministerio del Interior, han precisado desde el departamento que dirige Dolores Delgado.
La sentencia del TEDH condenaba a España a pagar 10.000 por el retorno inmediato de dos inmigrantes, N.D. y N.T., de Malí y Costa de Marfil, registrado el 13 de agosto de 2014. Ambos, de 31 y 32 años, llegaron a Marruecos en 2013 y 2012, pasaron meses en el monte Gurugú y consiguieron finalmente entrar en España a través de Melilla en 2014.
Pero fueron dictadas sendas órdenes de expulsión contra los dos, tras lo que ND fue retornado a Mali en marzo de 2015, mientras que la actual situación de N.T se desconoce.
Según el auto del TEDH, fueron expulsados y enviados de vuelta a Marruecos en contra de sus deseos sin que mediara intervención administrativa o judicial previa. En este sentido, el TEDH señalaba que “en ningún momento” fueron sometidos a procedimiento de identificación por parte de las autoridades. El Alto Tribunal detectó un “vínculo claro” entre la “expulsión colectiva” en la frontera de Melilla y la falta de acceso a un recurso que les hubiese permitido presentar su queja ante una autoridad competente y obtener un minucioso y riguroso examen de sus solicitudes antes de ser devueltos.
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