El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López (i), y el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens (Foto Europa Press)
El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y, por otro, se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos.
Una de las enmiendas implica reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de tres quintos que debe sumar el CGPJ en la elección de los dos magistrados al Constitucional que le corresponden, de modo que ahora bastará con mayoría simple en el Consejo.
Además, se establecen plazos de obligado cumplimiento para forzar al CGPJ a cumplir su mandato de designar dos magistrados del TC. Así, un nuevo redactado del artículo 599.1.1ª de la ley del Poder Judicial pondrá un tope de cinco días hábiles: primero, los vocales del Consejo tendrán dos días para proponer a la Presidencia candidatos a magistrado, con un máximo de uno por cabeza, y después la Presidencia dispondrá de tres días hábiles para «convocar un Pleno extraordinario para proceder a la elección de los dos magistrados».
En el pleno las candidaturas se someterán a votación de los vocales presentes, sin obligación de un quórum mínimo y una votación única que no tendrá carácter secreto. Así, cada vocal podrá votar a un solo candidato, resultando elegidos los dos magistrados que hayan obtenido un mayor número de votos, y no tres quintos de los emitidos, como ocurría hasta ahora.
Tanto el socialista Patxi López como el presidente del grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, confían en que estos cambios permitan desbloquear estos nombramientos que el CGPJ debía haber resuelto en septiembre.
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Lo que ordenen los separatistas, los filoetarras y los condenados por golpismo o por malversación de dineros públicos, incluidos los del PSOE (Griñan y los 18 de los ERE) y los juicios en curso contra la UGT.
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