El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla ha anunciado que el próximo lunes 22 de enero remitirá a la Fiscalía más información acerca de la polémica surgida con el cobro del IPSI a la Importación y las denuncias de impago por parte de un grupo de agencias de aduana a las arcas municipales.
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, ha recordado en rueda de prensa que este problema se remonta al mes de julio de 2023, momento en el que el que llega el nuevo Ejecutivo local, en manos del PP, tras cuatro años de Gobierno de coalición de CPM, PSOE y Eduardo de Castro.
Según ha rememorado, los técnicos del servicio le ponen sobre aviso de que se están produciendo “algunos hechos preocupantes” en cuanto a un sistema de recaudación del IPSI por parte de agencias de aduana que está implantado en Melilla desde hace mucho tiempo, y que se basa en una relación de colaboración con las agencias de aduana locales, sustentado en un convenio económico anual para dichas empresas aduaneras que se encargan de “liquidar las hojas del IPSI”.
A partir de ese momento, empiezan a ponerse en marcha todo tipo de gestiones para que dicho IPSI regrese a las arcas municipales. Primero, de manera “amistosa”, posteriormente suspendiendo el acceso a la aplicación para el cobro del IPSI a determinadas agencias de aduana al ver que no abonaban dicho impuesto.
Finalmente, el Gobierno local se vio en la obligación de poner el asunto en manos de la Fiscalía, que dispondrá de más información al respecto el próximo lunes cuando se la remita el Ejecutivo.
Conesa ha querido dejar claro que la mayoría de agencias de aduanas de Melilla son empresas “absolutamente honradas”, y señala que el Colegio Oficial de Agentes y Representantes Aduaneros de Melilla ha suspendido la colegiación de las empresas supuestamente implicadas en este hecho por vulnerar el código deontológico.
En su opinión, este problema ha sacado a la luz “las debilidades” del actual sistema de colaboración entre la Administración y las empresas de aduana en la ciudad, que “ha saltado por los aires” debido a “una mala praxis” por una empresa. Por ello, apuesta por cambiar dicho sistema por uno “más garantista” tanto para ambas partes como para el cliente.
El titular de Hacienda, que se ha mostrado cauto y discreto en este asunto, ha cuestionado los supuestos “ataques informáticos” a los que ha alegado la empresa en cuestión para la demora en la gestión administrativa. “Si tuvieron un ataque informático lo habrán resuelto ya me imagino”, dice.
Asimismo, también se ha mostrado contundente sobre la “intención inequívoca” de la empresa de pagar todo el IPSI recaudado. “Pues que lo hagan”.
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