A veces, da la sensación de que Melilla sufre una poderosa maldición, causante de todos sus males, y de la que le es imposible escapar.
Y es que da la impresión de que la imagen de nuestra querida ciudad siempre va a aparecer ennegrecida por sucesos o hechos graves, como lo está siendo en estos últimos días con la operación ‘Santiago-Rusadir’, una investigación policial desarrollada bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla que afecta a casi la totalidad de la cúpula del partido Coalición por Melilla (CPM), con cuatro exconsejeros del partido detenidos y en prisión provisional comunicada y sin fianza (Dunia Almansouri, Hassán Mohatar, Rachid Bussián y Mohamed Ahmed) y una exviceconsejera en prisión provisional eludible con fianza de 5.000 euros (Yonaida Sel-Lam), y con el presidente de CPM, Mustafa Aberchán, igualmente en prisión provisional comunicada y sin fianza. Las actuales diputadas Cecilia González y Fatima Mohamed Kaddur, que también fueron detenidas, han quedado en libertad sin cargos y libertad provisional respectivamente.
Melilla, en la prensa nacional
“Detenido el líder de Coalición por Melilla por fraude y malversación” (La Razón); “Mustafa Aberchán detenido por fraude y compra de votos” (El Mundo), “El líder de Coalición por Melilla, acusado de “corromper” dos elecciones” (El País), “Detenido el expresidente de Melilla por la compra de votos antes del 28-M. Aberchán lideraría una red que operó con el PSOE en el gobierno de la ciudad autónoma” (ABC).
La relevancia y gravedad del caso, con casi medio ‘Gobierno de Castro’ en prisión, ha sido de tal envergadura que ha rellenado páginas, en incluso ha sido portada, en los principales diarios nacionales, tal y como se puede apreciar en la lista de titulares de primera que les hemos ofrecido.
Especialmente grave es la situación en la que queda Coalición por Melilla y su núcleo duro, contra las cuerdas y ‘tocada de muerte’ tras las últimas investigaciones policiales que acusan a los principales miembros de la formación localista -exconsejeros y viceconsejeros del Gobierno anterior- de, entre otros delitos, pertenencia a grupo u organización criminal, fraude en la contratación pública, malversación, prevaricación o falsedad documental.
Esta última operación podría ser la estocada mortal a un partido que ya venía muy debilitado políticamente tras el batacazo del 28-M y el 23-J. Su futuro, aún más incierto y nebuloso que nunca, con la mitad de grupo parlamentario actual en la cárcel.
