El 76% de personas que ingresan en prisión son drogodependientes

La sanidad penitenciaria fue el tema principal sobre el que versaron las intervenciones de los ponentes que ayer participaron en la segunda jornada del curso de verano que se enmarca bajo el título ‘Sanidad Pública: aspectos legales, sanitarios y asistenciales’. En el marco de estas conferencias, se dieron a conocer datos como que el 76% de las personas que ingresan en prisión son drogodependientes o que el 25% de los reclusos padece alguna enfermedad mental. Por otro lado, se expuso que la sanidad penitenciaria española constituye un referente en Europa, a pesar de las dificultades que conlleva iniciar tratamientos con personas a las que se atiende durante su estancia en prisión, que suele durar un corto plazo de tiempo.

La segunda jornada del curso de verano ‘Sanidad Pública: aspectos legales, sanitarios y asistenciales” acogió durante la mañana de ayer las intervenciones, entre otros ponentes, del jefe de Servicio de Drogas de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias, Julián Sanz; o el subdirector general de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo.
Entre otros datos, se dio a conocer que el 76% de las personas que ingresan en prisión “tienen problemas de drogas”. Así lo apuntó Sanz, quien habló acerca de la actuación en el medio penitenciario sobre las enfermedades no transmisibles. Según expuso, entre los objetivos de la sanidad penitenciaria está el de prevenir el inicio del consumo, así como el de reducir los daños derivados del mismo.
En esta línea, habló del “avance increíble” que ha supuesto la implantación del ‘Programa de Intercambio de Jeringuillas’ (PIJ). A través de él, tratan de inculcar a los internos drogodependientes que “el consumo de drogas por vía intravenosa es el modo más perjudicial”.
Por eso, a los presos “que sabemos que van a seguir consumiendo” se les insiste para que entiendan que es menos agresivo “fumar la droga que inyectársela”, ya que así se evita la muerte por sobredosis o la transmisión de enfermedades. Según Sanz, gracias a este programa “se ha reducido mucho el consumo por vía intravenosa”, que ahora sólo afecta al 5% de los internos en centros penitenciarios.

Reducción del consumo
Durante su intervención, el jefe del Servicio de Drogas de la Secretaría general de Instituciones Penitenciarias, Julián Sanz, explicó que el 76% de personas que ingresan en prisión son consumidores de drogas, de los cuales, el 35% consumen heroína o cocaína.
Aclaró que lo que más consumen los internos a su llegada es el ‘cannabis’ (el 70% lo hace diariamente). No obstante, matizó que tras el ingreso en prisión, este consumo diario se vuelve esporádico. Del 5% de personas que consumen por vía intravenosa, sólo el 0,4% lo hace diariamente. Gracias a la reducción del consumo en prisión, Sanz destacó que también había descendido el número de internos enfermos de tuberculosis, hepatitis C o VIH.

Enfermedades mentales
“La enfermedad mental afecta al 25% de los presos”, añadió Sanz, exponiendo que, de ese porcentaje, “el 3 o 4 por ciento” sufre trastornos graves. Por ello, expuso que desde los centros penitenciarios se intenta trabajar para que los presos con enfermedades mentales adquieran conciencia de sus dolencias psíquicas y se sometan a un tratamiento de forma continuada en el tiempo.

La sanidad penitenciaria española, “referente” en Europa

El subdirector general de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo, aseguró a los medios de comunicación que la sanidad penitenciaria española “es considerada como un modelo a seguir en Europa”, por lo que incidió en que “estamos recibiendo permanentemente peticiones de colaboración y de asesoría por parte de otros sistemas penitenciarios”. En esta línea, explicó que el papel que cumple la sanidad penitenciaria es como “garante de los derechos de la asistencia” de los reclusos, además de servir de “herramienta en la lucha contra la desigualdad social en salud”. Arroyo expuso que “atendemos a las personas en prisión por un espacio de tiempo muy reducido”, ya que la media de estancia en prisión ronda “entre los seis y nueve meses”, según señaló, por lo que en ese corto espacio de tiempo tratan de “mejorar la salud de las personas y devolverlas a la comunidad en mejores circunstancias de las que entraron”.

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