La diputada de Coalición por Melilla, Dunia Almansouri, ha criticado las respuestas escritas ofrecidas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma a las preguntas presentadas por su grupo, a las que ha llegado a calificar de "tomadura de pelo". En una de las cuestiones se abordaban los importes percibidos "indebidamente" por la ex asesora de la Consejería de Presidencia. En la otra, la relación del Gobierno local con los empresarios mencionados en la Operación judicial Tosca aún abierta. Coalición por Melilla (CpM) ya ha recibido las respuestas escritas a dos de las cuestiones que planteó al Gobierno local en el pasado Pleno de Control. No obstante, según compartió la diputada Dunia Almansouri, su formación no ha quedado del todo satisfecha con los argumentos aportados por el Ejecutivo local, a los que llegó a calificar como una "tomadura de pelo".
Preguntas
En uno de los escritos entregados por el Gobierno de Imbroda se abordan los importes cobrados "indebidamente" por parte de la ex asesora de Presidencia, María José Aguilar, que recibió durante casi una década un complemento de exclusividad por su labor pública, a la vez que trabajaba como abogada de forma privada.
Según expuso Almansouri, la viceconsejera de Administraciones Públicas, María Ángeles Gras, envió a CpM un escrito "diciendo de forma muy escueta que esta señora" está reembolsando de forma periódica y mensual el importe cobrado "erróneamente".
En esta línea, la diputada de CpM subrayó que dicha cantidad se había cobrado de forma "indebida", pero no "errónea". "Un error se comete cuando se hace algo sin saber lo que se está haciendo", resalto. Sobre este mismo asunto, Almansouri declaró que, al parecer de su formación, el Gobierno sí que habría tenido conocimiento de esta irregularidad: "No nos sirve que nos digan que no sabían que esta señora ejercía su profesión de forma privada porque ha defendido, por ejemplo, al señor Miguel Marín".
La vicepresidenta segunda en la Asamblea de Melilla incidió en que Aguilar llegó a adquirir una deuda pública que ronda en torno a los 150.000 euros. Por ello, apuntó a la necesidad de acceder al expediente para conocer "en qué condiciones se está devolviendo el dinero y qué cantidades se le ha exigido".
Al respecto, aclaró que "en función de lo que visualicemos", se solicitará una Comisión de Administraciones Públicas e, incluso, se podría llegar a elevar a la vía judicial, en el caso de que las condiciones de devolución no se ajusten a lo que la normativa exige.
Operación Tosca
El segundo escrito recibido por CpM tiene que ver con la pregunta que lanzó al Gobierno en relación a los empresarios que aparecen en el sumario de la Operación Tosca. "Queríamos saber cuántos seguían trabajando con la Ciudad Autónoma en aquellos proyectos que no requirieran de una licitación pública", explicó la cepemista. Según comentó, en la respuesta tramitada por la consejera de Economía y Empleo, Esther Donoso, se indicaba que "como no tienen acceso al sumario de la Operación Tosca, no saben qué empresarios son".
Al respecto, Almansouri señaló que el término que más se ajusta a esta respuesta del Gobierno es "tomadura de pelo". Finalmente, apuntó a que se les recitarán los nombres y apellidos de los empresarios involucrados en el caso Tosca en el próximo Pleno de Control "para ver si conseguimos alguna respuesta".
A favor de modificar el Reglamento
La diputada de Coalición por Melilla, Dunia Almansouri, recordó que desde su grupo se ha propuesto en numerosas ocasiones la modificación del Reglamento de la Asamblea para evitar que el Gobierno eluda responder de forma pública en los Plenos de Control. "No se debe intentar obviar el debate como ocurre en numerosas ocasiones y como es costumbre en este gobierno cuando un tema le resulta incómodo y del que no quieren debatir públicamente". En este punto, indicó que debería limitarse esta fórmula a aquellas respuestas que por su volumen o por la ley, no se puedan abordar en el turno de tres minutos.
