Los graduados sociales del Colegio Oficial de Málaga y Melilla han alertado del “deterioro” que se está produciendo en los servicios públicos en el ámbito jurídico laboral y de la Seguridad Social, llegando a un “punto de gravedad crítico” que les ha llevado a reunirse en asamblea extraordinaria en pleno verano. Una de las conclusiones de dicha asamblea ha sido estudiar medidas de movilización y de información al público para visibilizar la problemática que sufren en ambos campos. Estos profesionales consideran que es de urgencia tratar y darle soluciones efectivas, ya que afectan a la población en general y de manera muy directa a la vida de las personas, así como a la gestión de las empresas.
Así, lamentan que las relaciones con las distintas administraciones “están pasando por un momento difícil, en general”, a pesar de que este gremio, que engloba a unos 20.000 colegiados en España como operadores jurídicos y en la gestión de las empresa y trabajadores, tuvo un papel esencial con la Administración durante la pandemia del coronavirus para gestionar “un volumen enorme de ERTES, para proteger a millones de trabajadores, salvando empresas de la quiebra, así como de las numerosas prestaciones gestionadas para los autónomos”.
Sin embargo, en la actualidad, “hay dificultades en el ámbito judicial social, con retrasos enormes en sus procedimientos”. Por ejemplo, apuntan que se señalan juicios de despidos a más de dos años vista, “lo que evidencia carencias estructurales en la Administración de Justicia”.
Además, “la infinidad de normativa laboral y de Seguridad Social que se genera sin descanso no permite la estabilidad interpretativa y causa una elevada inseguridad jurídica”.
Del mismo modo, los graduados sociales aseguran que se está produciendo una acumulación de carga administrativa para el gremio que saturan los despachos con el nuevo sistema de cotización de autónomos y las complicaciones que trae el nuevo sistema de gestión de la Incapacidad Temporal.
A ello se une la más reciente queja de este colectivo en el capítulo de la gestión, que es la obligación impuesta de realizar la grabación de los datos NET (Números de Empresas de la Tesorería General de la Seguridad Social), lo que supone “una enorme carga extra de trabajo”.
“También, es considerable el exceso de notificaciones por vía telemática que se reciben por los profesionales, algunas a horas intempestivas, e incluso en días de descanso y fines de semana, lo que impide la desconexión y la conciliación laboral, personal y familiar”. Y, todo ello, “agravado con la dificultad crónica de contactar con las oficinas de la Seguridad Social para poder agilizar la gestión diaria”, apuntan desde el Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, presidido por Eduardo Ruiz.
Por todo ello, los graduados sociales reclaman y proponen, como cuestiones urgentes, como acelerar la modernización de la justicia, potenciando los sistemas de mediación y la conciliación como vías alternativas de resolución de conflictos en el ámbito laboral. Otra propuesta del gremio es el acceso efectivo al Turno de Oficio de los graduados sociales como operadores jurídicos que son, como abogados y procuradores, facilitando al ciudadano un acceso al sistema judicial especializado en derecho del trabajo y seguridad social.
En cuanto a la Seguridad Social, reclaman una mayor disponibilidad y agilidad en las citas presenciales que permita al ciudadano una mejor atención, así como permitir el acceso de los profesionales a sus oficinas acompañando al usuario, “siendo éste un derecho básico del ciudadano de disponer de un asesor especializado”.
También plantean la mejora en gestión de datos para no sobrecargar a los profesionales de trámites repetitivos, así como facilitar la gestión de los expedientes de prestaciones para lograr una mejor operatividad y servicio al ciudadano.
Los graduados sociales recuerdan que, históricamente, contribuyen de manera eficaz a la mejora de la gestión de la Seguridad Social. De hecho, subrayan que su profesión es, sobre todo desde la pandemia, una vía de acceso a la tramitación telemática ante las administraciones muy bien valorada por los ciudadanos y las empresas, que ven en este colectivo solidez y garantía para gestionar sus asuntos.
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