Del paro, la libertad y los jueces

“Si Melilla quiere salir del estado de postración, paro y falta de perspectivas de futuro en el que se encuentra tiene que cambiar, radicalmente, su actual modelo económico funcionarial en otro modelo basado en el respeto a la libertad individual y la libre competencia, con las menores trabas funcionariales y burocráticas posibles. O, en otras palabras, individualismo contra colectivismo”

La consecuencia principal del gran aumento del paro y de la inseguridad para grandes sectores de la población -el gran padecimiento de los españoles, y muy acusadamente de los melillenses- proviene de las medidas estatales socialistas que se han tomado (por políticos socialistas y no socialistas, es conveniente destacarlo ) para acrecentar la seguridad económica, un concepto vago que concita una aprobación general, pero que produce, además y como los hechos demuestran, un grave peligro para la libertad.

Hasta León Trotsky -uno de los grandes líderes de la Revolución Rusa de 1917, compañero de Lenin, enemistado al final con Stalin y asesinado en México en 1940 por el español Ramón Mercader, agente de la NKVD, el temible servicio secreto soviético- escribió en 1937: "En un país donde el único patrono es el Estado, la oposición significa la muerte por consunción lenta. El viejo principio de que 'el que no trabaja no comerá' ha sido reemplazado por uno nuevo: 'el que no obedezca no comerá'". Probablemente por escribir cosas como esta, y a pesar de haberse exiliado, le asesinaron. Y hoy, como se sabe, la URSS ya no existe y de lo que el mismo Lenin vaticinó ("La sociedad entera se habrá convertido en una sola oficina y una sola fábrica, con igualdad en el trabajo y en la remuneración") ya no queda nada en Rusia, ni en el resto del mundo.

Pero lo que sí queda es una educación, un tipo de enseñanza socialista y "una generación joven que ha crecido en un mundo donde, en la escuela y en la prensa, se ha representado el espíritu de la empresa comercial como deshonroso y la consecución de un beneficio como inmoral, y donde dar ocupación a cien personas se considera una explotación, pero se tiene por honorable el mandar a otra tantas" (Friedrich Hayek, en su extraordinario libro, que recomiendo vivamente, "Camino de servidumbre"). Recordemos, a título de ejemplo español, de dónde provienen y de dónde cobraban los líderes del partido político Podemos, que ahora, a medida que se les va conociendo, cada vez pueden menos, dicho sea de paso.

El caso es que el aumento del paro y su corolario de aumento de inseguridad de grandes sectores de la población española, y muy especialmente de la melillense, no proviene del libre funcionamiento del mercado en régimen de competencia, ni de los ciclos económicos, sino y sobre todo, de la intervención del Estado en pro y como consecuencia de la aprobación general que se concede a la demanda de seguridad.

Melilla es, además, el caso, típico y tópico, de lo que los alemanes llaman un Beamtenstaat, un Estado funcionarial, burocrático, un estado en el que el impacto político y social de los funcionarios públicos, que son una enorme proporción sobre la población total, es inmenso, un Estado en el que existe un alto grado de burocracia, una inevitable arbitrariedad oficial y muchos funcionarios entre los representantes políticos, en el cual, no sólo dentro de la administración pública propiamente dicha, sino en casi todas las esferas de la vida, alguna autoridad asigna y garantiza renta y posición. En Melilla, como en el resto de España, como en tantos otros países desarrollados, mucha gente ha preferido sacrificar la libertad en favor de la seguridad, pero si queremos recobrar aquella, recobrar la primacía que se dio antaño a la libertad, si recordamos la naturaleza esencialmente individualista de la civilización occidental, debemos volver una y otra vez a Benjamín Franklin, a su frase de que aquellos que cederían la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad, y perderán ambas.

En resumen, me permito insistir en que si Melilla quiere salir del estado de postración, paro y falta de perspectivas de futuro en el que se encuentra tiene que cambiar, radicalmente, su actual modelo económico funcionarial en otro modelo basado en el respeto a la libertad individual y la libre competencia, con las menores trabas funcionariales y burocráticas posibles. O, en otras palabras, individualismo contra colectivismo. Se le puede dar muchas vueltas al asunto, pero no hay más solución, práctica, real y contrastada, que esa.

Por supuesto que uno de los requisitos fundamentales para que la libertad, económica y de todo tipo, se expanda es que la Justicia funcione bien y eso, como la encuestas demuestran, no sucede en España al nivel suficiente. Los jueces, dicen los españoles, son el estamento peor valorado de España. Por culpa de la absurdas sentencias (sin rigor jurídico alguno) y actitudes (tratan a los ciudadanos como si fuéramos sus siervos) de algunos de ellos, por supuesto no de todos. Por culpa de la injerencia política del poder ejecutivo en el judicial, que es dolorosamente patente en nuestro país. Por falta de medios materiales suficientes, quizás porque esa es una de las maneras con las que el ejecutivo controla al judicial, además del hecho, absolutamente reprobable, del nombramiento político de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, el máximo órgano rector de los jueces. Por un corporativismo excesivo de los mismos jueces, como lo demuestra que en España, a diferencia de cualquier otro país occidental desarrollado, apenas haya jueces encausados, y aún menos condenados. Por muchas razones, en suma, entre las cuales no hay que olvidar la excesiva admisión a trámite de denuncias infundadas o claramente falsas que la mayoría de los jueces admiten, primero, y tardan una eternidad en tramitar, después, causando un daño irreparable a personas inocentes.

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