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Debilidad legal

Es desolador observar cómo esos jóvenes inmigrantes malviven en la escollera, muchos de ellos bajo los efectos de estupefacientes, desafiando la autoridad de la Guardia Civil e increpando a cualquiera que se acerque a lo que ellos consideran su territorio Uno de los temas que más alarma ha provocado en los últimos meses ha sido y sigue siendo la pasividad con la que un buen número de menores extranjeros no acompañados deambulan por nuestras calles, todos con el objetivo común de saltar al barco y llegar a Europa para comenzar una nueva etapa en su vida. Buscan materializar su esperanza en algo positivo y terminar con las incertidumbres y escasas oportunidades de futuro que tienen en sus hogares. Nadie puede no sentir empatía hacia ellos, igual que ocurre en el caso de los subsaharianos que saltan la valla, porque cualquiera en su situación haría seguramente lo mismo. Lo que no puede ser es que la debilidad de nuestras leyes estén provocando un problema de inseguridad que no se puede solventar ni aunque se incrementara notablemente el número de agentes en las calles de Melilla, sobre todo en las inmediaciones del puerto y el Pueblo, que es donde está el meollo de todo este asunto.

Cualquiera que se siente frente a la entrada del espaldón del puerto, sea la hora que sea, puede ver lo que ocurre a diario: decenas de jóvenes magrebíes, la mayoría menores, campan a sus anchas por las rocas y vulneran las rejas de seguridad para acceder a una zona donde se supone que está restringida la entrada. No hay cartel que lo indique, pero todo el mundo sabe que no se puede pasar por la sencilla razón de que la puerta está cerrada con llave. Sin embargo, los menores entran y salen a su antojo porque han creado en el espaldón su propio hogar, en el que duermen, comen y hacen su vida mientras esperan la ocasión para entrar en el puerto a hurtadillas y esconderse en los camiones y contenedores.

Todo por llegar al barco, aunque eso suponga arriesgar su vida y la de los demás. Eso no se puede consentir, pero ni siquiera la autoridad de la Guardia Civil es suficiente para terminar con ese problema porque la Ley del Menor ampara a estos adolescentes que pierden la inocencia desde edades muy tempranas. Con la Ley en la mano, la Ciudad Autónoma, que es la que los tutela, no puede impedir que salgan cuando quieran del centro de acogida, donde pueden vivir y formarse en unas condiciones dignas, seguramente incluso mejores que las de algunos niños melillenses cuyas familias están en apuros económicos.

Es desolador observar cómo esos jóvenes inmigrantes malviven en la escollera, muchos de ellos claramente bajo los efectos de estupefacientes, desafiando la autoridad de la Guardia Civil e increpando a cualquiera que se acerque a lo que ellos consideran su territorio. Fuera de las escolleras, algunos de ellos también actúan a sabiendas de la impunidad que prácticamente les ofrece la Ley, haciendo que los melillenses se sientan inseguros en su propia ciudad a pesar del esfuerzo que los Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local hacen para que eso no ocurra.

Es urgente modificar una Ley del Menor que en Melilla ocasiona muchos problemas y, mientras tanto, tomar otras medidas, como podría ser que España ayude a construir y mantener el centro de menores en Marruecos que estaba previsto desde hace años, mejorar los medios en la frontera o que la Autoridad Portuaria actúe en su espaldón, dominado hoy por decenas de menores incontrolados. Pero da la sensación de que en este caso, como se suele decir, nada cambiará hasta que ocurra una desgracia dentro o fuera del puerto. Melilla, que aspira a ser una ciudad moderna y desarrollada, no puede permitirse esa triste e indignante realidad que amenaza con perpetuarse en el tiempo.