El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, responsabilizó ayer al anterior Gobierno de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Melilla, que ha dado la razón a uno de los aspirantes a las 10 plazas de oficial de la Policía Local de la ciudad, que fue considerado no apto en una de las pruebas de este proceso selectivo. Sin embargo, todo el proceso selectivo por el que ha sido condenada la Ciudad Autónoma se ha desarrollado en esta legislatura (que arrancó el 15 de junio de 2019) con el Gobierno actual, desde la publicación del listado de admitidos y excluidos hasta el nombramiento de los 10 nuevos oficiales.
Las pruebas se desarrollaron en 2021. La primera tuvo lugar el 23 de febrero de 2021 en las pistas del Álvarez Claro (convocatoria que salió en el BOME el 29 de enero de 2021). El final de la oposición llegó el 6 de mayo de 2021, cuando el tribunal publicó la calificación de la tercera y última prueba (un supuesto práctico). Esa prueba fue, precisamente, la que recurrió el agente al que ahora la Justicia ha dado la razón.
El nombramiento del tribunal también fue publicado en el BOME después de iniciada la actual legislatura, concretamente el 28 de febrero de 2020.
Solo las bases de estas oposiciones de promoción interna corresponden a la anterior legislatura, ya que fueron publicadas en el BOME el 11 de enero de 2019. Todos los demás pasos en este proceso selectivo se dieron con el actual Gobierno, a diferencia de las anteriores condenas a la Ciudad Autónoma por oposiciones a la Policía Local, a las que también aludió ayer De Castro cuando fue preguntado por la última sentencia.
“Puertas rotatorias”
De Castro atribuyó esta última sentencia a “las puertas rotatorias que usan los gobiernos que montan sus redes clientelares” y “aquí la red clientelar estaba montada de esa manera”.
De Castro señaló que “no es el único caso” y el Gobierno actual está “pagando los platos rotos con condenas por procesos selectivos raros”, ya que prefirió no usar “un adjetivo más cruento”. Así, recordó que la Ciudad Autónoma, en esta legislatura, ha tenido que desembolsar dinero en indemnizaciones “por malas actuaciones en contrataciones y en oposiciones en las que han dejado a gente fuera de manera injusta” a los que el juez, posteriormente, ha dado la razón.
“Eso es jugar con el dinero público y es de todos los que pagamos impuestos, hay que gestionarlo en condiciones”, defendió De Castro antes de calificar la gestión del anterior Gobierno como “nefasta, injusta y totalmente fuera de la ley” en lo que se refiere a este tema.
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