Coalición por Melilla solicita repetir la reunión del Consejo Rector de la Fundación Melilla Monumental por incumplir los plazos legales de convocatoria

La diputada de la Asamblea de Melilla y miembro del Consejo Rector de la Fundación Melilla Monumental, María Cecilia González Casas, ha solicitado formalmente la repetición de la reunión extraordinaria celebrada el pasado 24 de noviembre al considerar que fue convocada fuera de los plazos legales establecidos.

Según explica la parlamentaria de Coalición por Melilla, la notificación de la sesión fue remitida a los miembros del Consejo el 21 de noviembre a las 14:56 horas, apenas dos días antes de su celebración. González afirma que este margen vulnera el artículo 36 del Reglamento de la Asamblea de Melilla, norma que debe aplicarse de manera supletoria debido a que los Estatutos de la Fundación no regulan esta cuestión.

Dicho artículo fija un plazo mínimo de 48 horas para convocar reuniones de órganos colegiados, incluidas las extraordinarias, salvo que exista una urgencia debidamente motivada. “En este caso no se aportó ninguna justificación que avalara la premura”, sostiene la diputada, quien recuerda haber advertido de esta irregularidad durante la reunión y haberlo hecho constar en acta.

González subraya que esta situación afectó al ejercicio de sus funciones como consejera y adquirió mayor relevancia al tratarse de un asunto de “especial trascendencia”, como es la aprobación del presupuesto anual de la Fundación Melilla Monumental. Una decisión que —afirma— debe adoptarse con “máxima transparencia, garantías y participación efectiva de todos los integrantes del órgano”.

Por todo ello, Coalición por Melilla ha solicitado que los acuerdos adoptados el 24 de noviembre queden sin efecto y que el Consejo Rector sea convocado nuevamente en tiempo y forma, conforme a los principios de legalidad, buen gobierno y seguridad jurídica.

“Melilla necesita instituciones que funcionen con rigor, profesionalidad y respeto a las normas”, ha declarado González, quien considera que la defensa de la transparencia y de los derechos de los representantes públicos “no es una cuestión formal, sino una garantía esencial para la calidad democrática y la correcta gestión del patrimonio cultural de la ciudad”.

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