El Ministerio acusa a la Ciudad Autónoma de “inacción”, mientras el Ejecutivo local replica que el Ingesa “miente” y que los cribados son de su exclusiva competencia
El Ministerio de Sanidad ha anunciado que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) asume directamente los programas de cribado poblacional de cáncer en Melilla, una decisión que justifica “ante la inacción del Ejecutivo local”.
Según explicó este martes la Delegación del Gobierno, el Ingesa —organismo dependiente del Ministerio— ha garantizado la continuidad de los programas de detección precoz de cáncer de mama, cérvix y colorrectal, pese a lo que califica como “falta de impulso y ejecución” por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma, al que recuerda que la ley le atribuye las competencias en salud pública.
Los cribados son, según el Real Decreto 1030/2006, una competencia de las comunidades autónomas, pero el Ministerio asegura que Melilla no desarrolló estos programas durante 2023, lo que obligó a Sanidad a firmar en noviembre de 2024 un convenio con la Consejería de Salud Pública, asumiendo además el coste de las pruebas con cargo al presupuesto del Ingesa.
Desde el Ministerio subrayan que, gracias a este acuerdo, se ha restablecido la normalidad en los programas de cribado y se ha evitado una situación de desprotección sanitaria. Además, recuerdan que durante el periodo sin convenio (2023-2024), el área sanitaria local mantuvo el seguimiento de los pacientes a través de Atención Primaria, Ginecología y Radiología.
El Ministerio insiste en su “compromiso con la ciudadanía melillense” y recalca que su actuación ha garantizado que la población “siga contando con las pruebas preventivas esenciales para la detección precoz del cáncer”.
La reacción del Gobierno de Melilla, presidido por el Partido Popular, no se hizo esperar. En un comunicado emitido por la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, el Ejecutivo local advirtió que “no va a permitir que se juegue con la salud de los melillenses ni que se utilice la enfermedad del cáncer como arma política”.
La Ciudad Autónoma acusa al Ingesa de “mentir” y sostiene que los cribados poblacionales son competencia exclusiva del propio Instituto, al formar parte de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud, según el mismo Real Decreto 1030/2006.
“El Ingesa está cumpliendo con su obligación y no supliendo una inacción inexistente”, asegura el Gobierno melillense, que además denuncia la “desidia, falta de compromiso y pasividad” del organismo estatal, al que responsabiliza de haber retrasado más de un año la firma del convenio que permitía reactivar los programas.
El Ejecutivo local recalca que la Ciudad Autónoma no puede externalizar los cribados sin un acuerdo previo con el Ingesa, y considera “injustificable” la demora del Ministerio, que a su juicio “ha dejado patente su dejación de funciones”.
Asimismo, el Gobierno de Melilla critica el “desconocimiento e incompetencia” de la ministra de Sanidad, Mónica García, por haber solicitado datos sobre las pruebas “cuando es el propio Ingesa quien debe facilitarlos”. Según la Consejería, la Administración local ha venido exigiendo en reuniones técnicas que el Instituto “resuelva los problemas de interoperabilidad entre administraciones” para poder transmitir al Ministerio la información solicitada.
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