La incorporación de cerca de 8.000 funcionarios a la Administración General del Estado se ha visto aplazada, según ha destacado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). Esta situación afecta a servicios críticos como la documentación, el SEPE, la Seguridad Social, Extranjería, y otras instituciones. Se trata de dos procesos selectivos en los que más de 2.500 personas superaron las oposiciones al Cuerpo de Gestión de la Administración General del Estado. El curso selectivo, inicialmente programado para mayo, se postergó a diciembre y, recientemente, a febrero de 2026, según una nota del Instituto Nacional de Administraciones Públicas.
Por otro lado, más de 5.400 personas aprobaron la oposición al Cuerpo General Administrativo de la AGE. Desde marzo, tras la publicación de los listados de personas aprobadas, estas personas no han recibido información sobre el proceso selectivo, incluyendo la solicitud de destinos o fechas de incorporación.
Las personas afectadas han expresado su preocupación por los retrasos y la falta de comunicación, habiendo finalizado contratos o rechazado ofertas laborales, confiando en el calendario habitual de convocatorias anteriores. Actualmente, se encuentran sin empleo ni ingresos, y sin previsión de incorporación en los próximos seis meses.
Comisiones Obreras ha solicitado a la Dirección General de la Función Pública que acelere estos procesos. El sindicato demanda que la incorporación del Cuerpo Administrativo se realice a más tardar en septiembre, para permitir la realización de solicitudes y alegaciones. Asimismo, CCOO insta a que el curso selectivo del Cuerpo de Gestión se mantenga en diciembre de 2025, permitiendo que el personal esté disponible en enero de 2026.
La urgente necesidad de estas incorporaciones radica en la prestación de servicios públicos esenciales, como la renovación de documentos de identidad, la gestión de altas y bajas en el SEPE y la Seguridad Social, y la resolución de expedientes de Extranjería, entre otros. La demora en estos procesos no solo afecta a los futuros funcionarios, sino también a la eficacia de los servicios públicos.
El sindicato continúa exigiendo un compromiso firme del Gobierno para agilizar las ofertas de empleo público y evitar futuros retrasos que impacten en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía.
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