Castillo de naipes

Es necesario que este procedimiento judicial se agilice porque si al final queda en nada y se desinfla, como ya pasó con el caso del Tribunal de Cuentas que lo sustentaba, el daño provocado a los imputados será, además de irreparable, totalmente injustificado. Y eso es algo que un Estado de Derecho como el nuestro no se puede permitir Cuando un coche pasa a toda velocidad por un camino desértico y sin asfaltar, mucho es el polvo que levanta. Pero pasados algunos segundos, todas esas partículas vuelven donde estaban como si nada hubiera pasado, aunque instantes antes, mientras estaban suspendidas en el aire, hubieran provocado no pocas molestias a todo el que hubiera pillado cerca. Con la Operación Ópera está pasando algo parecido. Todo este caso se está desmoronando cual castillo de naipes a pesar de todo el ruido mediático formado, con especulaciones y acusaciones de por medio lanzadas por quienes han aprovechado este caso desde los partidos minoritarios de la oposición, fundamentalmente.

El levantamiento parcial del secreto de sumario ha permitido confirmar una teoría que ya mantenía desde hacía varios meses el Gobierno local respecto a que detrás de la Operación Ópera no había tales infracciones penales que se estaban imputando a las personas involucradas, sino como mucho cuestiones administrativas que no pueden ser consideradas como un delito de prevaricación al no existir intencionalidad. Un auto dictado hace un par de meses por la Audiencia Provincial ya incidía en este aspecto al recordar, textualmente, que el Derecho Penal es "la última ratio", y tiene "un carácter fragmentario y de intervención mínima".

Aquel auto reciente, en el que se dejaban sin efecto las medidas cautelares que el Juzgado de Instrucción número 4 había impuesto nueve meses antes a algunos de los altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente, ya era una especie de premonición de lo que iba a ocurrir con la Operación Ópera, pues daba un tirón de orejas a la jueza María José Alcázar al señalar la falta de concreción en algunas de las sospechas que sostenían las imputaciones. Hasta tal punto, que la Audiencia llegaba a calificar uno de los autos de este caso, emitido en marzo, como "una especie de cajón de sastre en el que deja incluso abierta la posible existencia de una nebulosa delictiva sin definir".

Hace casi un año que se destapó la Operación Ópera con los primeros registros en dependencias municipales. Mucho tiempo en el que ha habido bastante ruido a pesar de que parece que habrá pocas nueces o quizá ninguna. Cierto es que el caso no está cerrado y hay que dejar que la Justicia actúe en vez de condenar y señalar alegremente sin respetar la presunción de inocencia, como han hecho y siguen haciendo desde los partidos minoritarios de la Asamblea, sobre todo PPL. Pero como ya hemos dicho en más de una ocasión, es necesario que este procedimiento judicial se agilice porque si al final queda en nada y se desinfla, como ya pasó con el caso del Tribunal de Cuentas que lo sustentaba, el daño provocado a los imputados será, además de irreparable, totalmente injustificado. Y eso es algo que un Estado de Derecho como el nuestro no se puede permitir.

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