Carles Puigdemont defiende que Frontex actúe en Melilla para garantizar “un mínimo” de DDHH en la frontera

El expresidente catalán, en una pregunta en el Parlamento Europeo, recuerda que “la vigilancia de las fronteras exteriores incumbe a la Unión, por lo que no se trata solo de una cuestión bilateral entre Marruecos y España”

El eurodiputado y expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha planteado en el Parlamento Europeo la necesidad de que Frontex se despliegue en las fronteras de Melilla y Ceuta porque, de esa manera, “garantizaría un nivel mínimo de normas en materia de derechos fundamentales y de rendición de cuentas”.

Puigdemont aborda este asunto en una pregunta presentada en el Parlamento Europeo junto a sus compañeros de bancada Antoni Comín y Clara Ponsatí a raíz del salto a la valla del 24 de junio, en el que murieron 23 personas según cifras oficiales de Marruecos, 37 según diversas ONG, que es el número al que alude el expresidente catalán en su iniciativa.
“Muchos de los inmigrantes fueron expulsados por la policía marroquí tras entrar en el territorio de la Unión, lo que supone una violación del principio de no devolución (consagrado en el artículo 78, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 4 del Código de fronteras Schengen)”, señala Puigdemont en su iniciativa.

“Incumbe a la Unión”
En este sentido, recuerda que “la vigilancia de las fronteras exteriores incumbe a la Unión, por lo que no se trata solo de una cuestión bilateral entre Marruecos y España”. Sin embargo, subraya que “España se niega a permitir que Frontex opere en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla”.
Puigdemont defiende que se lleve a cabo el despliegue del equipo de intervención rápida en las fronteras de Frontex o el establecimiento de una asociación operativa en las fronteras de Ceuta y Melilla para garantizar los DDHH.

Por ello, pregunta si la Comisión Europea pedirá a España que establezca una operación conjunta con Frontex en Ceuta y Melilla, y si propondrá al Consejo de Administración de Frontex que un agente de derechos fundamentales “lleve a cabo una evaluación de la diligencia debida de las vulnerabilidades en las fronteras entre Marruecos y la Unión en relación con la protección de los derechos fundamentales”.

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