El envío de cartas de AUGC y SUP a Fernando Grande-Marlaska, al director general de la Policía y al de la Guardia Civil ha sido para solicitarles a los tres una solución legal que termine con «la falta de estabilidad económica de los agentes en etapa de formación en las respectivas academias, resaltando que ya han pasado por una difícil oposición antes de convertirse en policías-alumnos y guardia civiles-alumnos». De la misma manera, han deseado enviar esta información a todos los partidos políticos para instarles a colaborar en la medida de sus posibilidades a la modificación de la normativa que solucione esta situación.
El texto realiza una revisión de las potenciales coincidencias jurídicas para terminar con una situación que en una era como la actual se torna imposible pasar por el procedimiento de educación con montos mensuales que se separan del salario mínimo que la ley estipula para todos los empleados.
En el texto se establecen paralelos con distintas clases laborales, por cada hora trabajada, por día laboral, y otras opciones similares. Haciendo evidente que las alrededor de 800 euros que se reciben durante el periodo de estudiantes distan mucho de los mínimos, no solamente legales sino racionales para enfrentar los gastos mensuales de una familia. Sobre todo si consideramos que una parte significativa de esa suma debe ser destinada a la compañía Albie para cubrir los costos de manutención.
Mediante esta propuesta, ambas entidades buscan colaborar en la mejora de la calidad de vida de numerosos servidores públicos de seguridad que, año tras año, se ven confrontados con este periodo laboral en el cual la concentración y el equilibrio vital resultan fundamentales para el correcto desarrollo del calendario de capacitación.
Tanto AUGC como SUP confían en que cada formación política, según su compromiso, cooperen para que los innumerables agentes de policía y guardias civiles de todo el país alcancen este requerimiento en la próxima legislatura, que se acerca rápidamente.
De igual manera, ambas organizaciones anhelan que los responsables de ambos cuerpos consideren la solicitud y la trasladen a los ministerios implicados en la implementación de las soluciones solicitadas. Con la esperanza de que sean conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones de vida de estos empleados y sus familias.
