La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) criticó ayer que el Ministerio del Interior no se querelle contra quienes “acusan injustamente a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, como fue el caso de un alcalde que hace un par de semanas comparó a los guardias civiles con yihadistas, o de quienes aseguran que hay “irregularidades en la actuación de los guardias civiles en la valla de Melilla”. En una nota de prensa, APROGC lamentó que sean los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía o las asociaciones profesionales de Guardias Civiles los que tomen la iniciativa judicial en estos casos. “Debemos exigir que sea el Ministerio del Interior, a través de los servicios jurídicos del Estado, quien tome la decisión de querellarse ante estas falsas acusaciones para defender la honestidad y la honradez de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que dependen de dicho Ministerio”, insistió.
Así, APROGC mostró su “total apoyo” a la Confederación Española de Policía (CEP) por su iniciativa de querellarse contra un dirigente de la formación Podemos “por las injustas, absurdas, desinformadas y ofensivas declaraciones realizadas en las que, sin ningún pudor ni respeto, afirmaba que la Policía suministraba droga a los jóvenes en el País Vasco”.
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