El grupo parlamentario de la UPM había presentado ante el registro municipal la anunciada moción contra las interferencias de Marruecos en los asuntos internos de Melilla. Su intención era que la Asamblea autonómica se pronunciara al respecto antes de dirigirse institucionalmente al Gobierno nacional con idéntico motivo.
Para los upemistas resultaba intolerable la injerencia del principal partido de la oposición marroquí en la libertad de acción política y social que la Constitución española y el estado de derecho reconocía a los partidos políticos españoles.
