El Defensor del Pueblo ha admitido una nueva queja presentada por la asociación Prodein sobre menores a los que se les ha rechazado su escolarización en centros educativos de Melilla. En su escrito, el Defensor del Pueblo subraya que que los problemas de escolarización de “los menores extranjeros” que viven en Melilla son para él una preocupación, y recuerda que el derecho a la educación “es un derecho fundamental, recogido en la Constitución Española, en línea con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño”.
“Esto genera una obligación para los poderes públicos, que han de garantizar este derecho fundamental a todos los niños y niñas por el mero hecho de serlo, con independencia de su situación documental”, agrega el Defensor del Pueblo, que ha iniciado actuaciones sobre este caso “ante los organismos administrativos competentes”.
