13, carrer del Percebe

La naturaleza imita al arte, una vez más. La mesilla (antes mesa) de negociación entre el Gobierno y la Generalidad de Cataluña se inspira en una de las tiras cómicas del genial F. Ibáñez: “13, rue del Percebe”, que miren por donde transcurría en Barcelona.
 Lo que iba a ser una negociación a dos se ha transformado en otra a varias bandas. En el frente del Gobierno hay dos: el PSOE y Podemos, que en el segundo caso son partidarios de un referéndum de autodeterminación. En el del nacionalismo catalán ni siquiera se sientan juntos: Esquerra Republicana participa en la mesa, pero no lo hace su socio en el gobierno autonómico, el Junts del ex presidente Puigdemont, que pretendía sentar a condenados por sedición que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. Más lejos están los extremistas de las CUP, que dado su talante pueden salir por el registro más insospechado.
Las formas del pasado miércoles mostraron el alcance del disparate, con el presidente del Gobierno español inclinando la cabeza ante la bandera catalana, y el presidente de la Generalidad retirando la bandera de España para efectuar una declaración. Claro que peor era el fondo, con Aragonés planteando como reclamaciones básicas dos que son inconstitucionales: amnistía y un referéndum de autodeterminación.
 El conjunto demuestra la mentira del sanchismo para justificar los indultos de los condenados por sedición. No hay rectificación alguna de los golpistas de 2017, y por ello tampoco reencuentro político. Los separatistas siguen donde estaban y lo único que ha cambiado es la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez, capaz de cualquier indignidad con tal de mantener la alianza con quienes le proporcionan mayoría parlamentaria.  
Han declarado secretas las negociaciones. Es una decisión pueril. Lo que van a negociar es bien sabido: por un lado, dinero; por otro, desarmar de competencias al Estado, lo que reforzará la causa separatista. La esperanza de la inmensa mayoría de ciudadanos que no participan del aquelarre no es otra que la chapuza habitual de unos y otros, como bien se ha visto en el asombroso rechazo a la ampliación del aeropuerto del Prat.
 El mayor peligro también es conocido. Pedro Sánchez es un político desequilibrado, mentiroso, mediocre y sectario hasta la náusea. Se apoya en los enemigos del Estado de Derecho y combate a quienes son leales a la Constitución, sean fuerzas políticas, instituciones, sociedad civil o personas individuales.
   El proceso, por otra parte, tiene un claro riesgo de metástasis. Ya ha asomado la patita el presidente vasco, Urkullu, que ha reclamado volver a la “soberanía” anterior a 1839, es decir, al final de la primera guerra carlista.
 Vamos a ver si te enteras, Urkullu. Antes de la fecha que citas no había soberanía vasca alguna, sino fueros medievales en su mayor parte inaplicables, pero que formalmente seguían vigentes en Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. A efectos prácticos consistían en limitaciones para el comercio, que habían reducido a esos territorios a ser los más pobres de la península, como la Extremadura de nuestros días.
 En 1839 una Ley nacional confirmó los fueros en el nuevo marco constitucional, es decir, actualizados después de más de cinco siglos de inmovilidad. Así lo hizo Navarra en 1841, mediante una ley que los navarros dieron en llamar “paccionada”, es decir, pactada. Los vascos no lo hicieron por el empecinamiento de Vizcaya, lo que no impidió que el nuevo y moderno Estado constitucional se desplegara en las tres provincias vascongadas: desde la Guardia Civil a la Ley Moyano de educación o las elecciones legislativas.
 Sólo en 1876, después de una disparatada III Guerra Carlista, por iniciativa de un insensato pretendiente Carlos VII, fueron abolidos los fueros, lo que era una reclamación mayoritaria de la opinión pública. Esa abolición fue agua bendita para los ciudadanos vascos, puesto que suprimieron las trabas comerciales. Vizcaya pudo exportar su mineral de hierro a Inglaterra, lo que fue la base de su capitalización financiera  (bancos Bilbao y Vizcaya) y la industria de la Ría del Nervión. Al mismo tiempo, en 1881, un gobierno del malagueño Cánovas del Castillo estableció conciertos económicos, con un cupo anual que no se modificó en 25 años, a pesar del fuerte crecimiento de una economía vasca que poco después se benefició además del proteccionismo.
 Éste es el mundo real, Urkullu. Lo otro son fantasías.

Acceda a la versión completa del contenido