Vox presenta en el Supremo su querella contra Armengol y miembros de la Mesa del Congreso por admitir la ley amnistía

Vox ha presentado este martes en el Tribunal Supremo su querella por prevaricación contra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, y los diputados del PSOE y de Sumar que en la Mesa de la Cámara votaron a favor de admitir a trámite la ley de amnistía pese a tener «conocimiento manifiesto de la inconstitucionalidad de la norma». (Foto Europa Press).

Además de Armengol, los de Santiago Abascal se han querellado contra el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celis; la vicepresidenta segunda, Esther Gil de Reboleño; el secretario primero, Gerardo Pisarello; y la secretaria segunda, Isaura Leal. Deja fuera a los cuatro miembros ‘populares’ de la Mesa del Congreso, que votaron contra la admisión a trámite de la ley que regulará la medida de gracia a los implicados en el ‘procés’, pactada entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez.

En la querella, presentada ante la Sala de lo Penal del Supremo, Vox argumenta que los interesados tenían «conocimiento notorio de las numerosas declaraciones institucionales, en especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», contra la constitucionalidad de la norma; habían sido advertidos de los riesgos de admitirla a trámite; y tenían conocimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional y el TS a través de los expedientes de indultos, donde se informó sobre la interpretación del artículo de la Constitución sobre la relación entre indulto y amnistía.

Además, según el escrito, el texto de la ley no puede ser salvado invocando el informe del secretario general del Congreso, Fernando Galindo –contra el que Vox ya se había querellado–, que admitió dudas de constitucionalidad en la ley aunque no tan «palmarias» como para vetar su tramitación.

Entre los motivos que menciona la formación par argumentar la inviabilidad del informe del letrado mayor del Congreso se encuentran los antecedentes parlamentarios. En concreto, en el año 2021, el entonces secretario general, Carlos Gutiérrez Vicén, informó de la manifiesta inconstitucionalidad de una iniciativa similar que fue inadmitida por la Mesa.

Los de Santiago Abascal suman la corroboración con el informe de los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso, que también expresa dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía. Además, según el acta de la reunión de la Mesa, tenían conocimiento expreso de la afectación a materia reservada para modificación a Ley Orgánica, por producir una reforma constitucional.

Los pacos de investidura

Asimismo, Vox alega que los querellados tenían «conocimiento expreso de la vinculación con los pactos para los votos de una investidura, que provoca un ejercicio anormal de la potestad legislativa».

Con todo, Vox ha pedido al Supremo tomar declaración a los cinco querellados; solicitar al Parlamento la certificación de los documentos emitidos por el Congreso y aportados en la querella; y la copia íntegra del expediente relativo a la ley de amnistía. En cuanto a las diligencias testificales, Vox ha solicitado citar al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En rueda de prensa desde el Congreso, la portavoz de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha puesto el foco en que, según el acta, el miembro de la Mesa del PP José Antonio Bermúdez de Castro se expresa a favor de la petición que Vox hizo para que el órgano rector de la Cámara Baja no admitiera a trámite la ley de amnistía.

Así, ha pedido a los ‘populares’ ser «coherentes» y, en consecuencia, hacer valer su mayoría en el Senado para parar la tramitación de la norma. «Lo que es inconstitucional en el Congreso, también lo es en el Senado», ha dicho. El PP ya se ha negado en anteriores ocasiones a hacer lo propio.

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