La acusación popular de Vox solicita un total de 700 años de prisión para el conjunto de acusados por el golpe de Estado en Cataluña.
Así, la mayor pena que pide es de 74 años de cárcel para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras por presuntos delitos de rebelión, pertenencia a organización criminal y malversación de caudales públicos en su participación en el proceso independentista.
Pide la misma pena para los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Josep Rull, mientras que reclama cárcel durante 62 años para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell por presuntos delitos de rebelión y organización criminal.
En el escrito de acusación Vox pide de esta manera penas superiores a las de la Fiscalía del Estado, que pidió 25 años para Junqueras por rebelión agravada con malversación de fondos públicos, y penas de entre 7 y 17 años para el resto de encausados en el Tribunal Supremo.
En concreto, Vox aprecia la comisión de dos delitos de rebelión diferenciados, por lo que pide 25 años de prisión por cada uno de ellos. Ve rebelión en el asedio a la Consejería de Economía catalana de los días 20 y 21 de septiembre de 2017, y también en la celebración del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de ese mismo año.
El partido hace responsables civilmente a todos ellos, así como a los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila –en quienes no aprecia rebelión–, del pago de la cantidad total de 4.279.985,03 euros, correspondiente a la suma malversada.
Alternativamente, Vox solicita la imputación de dos delitos de sedición por los que pediría 15 años por cada uno de ellos, en el caso de que el Supremo finalmente descarte la rebelión en alguno de estos acontecimientos. Demanda 12 años de cárcel para los encausados por pertenencia a organización criminal y otros 12 por malversación de caudales públicos.
Vox exige asimismo para todos ellos una inhabilitación absoluta para empleo o cargo público de 20 años por el delito de rebelión –15 en el caso de que se quede en sedición– y de otros 20 por el de malversación.
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