Tasende considera que la Administración ha vulnerado derechos fundamentales y debe responder “con medidas inmediatas y reparadoras”
El portavoz del Grupo Mixto y presidente de VOX Melilla, José Miguel Tasende, ha registrado este martes una solicitud formal para que la Ciudad Autónoma informe si tiene previsto habilitar una partida presupuestaria específica con el fin de asumir las reclamaciones por responsabilidad patrimonial que puedan presentar los melillenses afectados por el ciberataque que desde el 22 de junio mantiene paralizada la actividad informática de la Administración local.
Tasende ha subrayado que “no se trata únicamente de un fallo de ciberseguridad, sino de una grave quiebra de los deberes legales y constitucionales de la Administración hacia sus ciudadanos”. A su juicio, la interrupción prolongada de los servicios públicos ha vulnerado derechos fundamentales protegidos por la Constitución, y la Ciudad debe actuar con celeridad para restaurar los daños causados.
El líder de VOX ha recordado que el artículo 106 de la Constitución Española establece el derecho de los particulares a ser indemnizados “por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”.
“El colapso del sistema informático ha impedido que muchos ciudadanos realizaran gestiones administrativas esenciales, recibieran notificaciones o presentaran solicitudes dentro de plazo, lo que ha derivado en perjuicios económicos y personales”, denunció Tasende.
En este sentido, ha reclamado que la Ciudad “evalúe los daños sufridos y abra de oficio los procedimientos necesarios para reparar estos perjuicios, en cumplimiento de lo que marca la Ley 39/2015 sobre procedimiento administrativo y la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público”.
Entre los ejemplos citados por Tasende, destaca el caso de personas que no pudieron empadronarse a tiempo debido al apagón informático, lo que les impidió acceder a la bonificación del 75 % en transporte aéreo y marítimo y se vieron obligados a abonar el billete completo para viajar con urgencia a la península.
“El daño lo ha sufrido el ciudadano, no puede ser él quien pague las consecuencias de la negligencia institucional. Es la Administración quien debe asumirlo”, afirmó.
Asimismo, Tasende ha denunciado que el ataque ha generado una “clara discriminación en el acceso a los servicios públicos”, especialmente para quienes están legalmente obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración.
“El artículo 14 de la Constitución garantiza la igualdad ante la ley. Pero al quedar inutilizados los sistemas telemáticos, quienes solo podían tramitar online quedaron completamente bloqueados, mientras otros sí podían acudir presencialmente”, criticó.
En su solicitud registrada ante la Ciudad Autónoma, VOX exige saber si el Gobierno local tiene previsto asignar recursos económicos para responder a estas reclamaciones, e insta a que se faciliten mecanismos ágiles para que los afectados puedan presentar sus solicitudes de indemnización.
“No basta con ampliar plazos o pedir paciencia, hace falta un compromiso real y una respuesta concreta. Este ciberataque ha puesto a prueba no solo la seguridad de los sistemas, sino la solidez del compromiso institucional con los derechos de los ciudadanos”, concluyó Tasende.
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