El consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura dice "comprender", porque Melilla siempre ha defendido que se llevó a cabo "un reparto injusto", la decisión de la Comunidad de Madrid de presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno central para reclamarle 700.000 euros para la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAS) resultado de la "injusta financiación" de la autonomía en la última convocatoria de ayudas de 40 millones de euros. Apuntó el consejero que Melilla ya ha recibido 1,3 millones de esos 40 millones de euros habilitados de manera extraordinaria por el Gobierno de Pedro Sánchez para contribuir a sofocar los gastos que soportan las comunidades autónomas por el aumento de la llegada de menores extranjeros no acompañados. La Ciudad Autónoma fue muy crítica por el sistema seguido, porque entiende que se benefició de una forma más que destacada a Andalucía, que recibió 25 de los 40 millones previstos para el total.
"El reparto es totalmente injusto y con malos criterios de adjudicación", reiteró Ventura, que considera que el Gobierno central quiso de alguna forma beneficiar a la Junta de Andalucía, en ese momento en manos del PSOE andaluz.
Pero aunque afirma que fue un reparto "injusto", señala que "la denuncia judicial es algo que no nos hemos planteado" en el Gobierno melillense. "La denuncia la hemos hecho muchas veces desde el punto de vista político por la mala gestión del Gobierno de la Nación en el reparto de estos fondos, como ha hecho con otras muchas áreas diferentes", apostilla.
Reparto injusto
Ventura considera que el dinero recibido, 1,3 millones de euros, es "una cantidad ínfima", en especial cuando "nuestro caso es el más grave de toda España en materia de menores, pero como se ve, no hemos sido ni bien atendidos ni bien tratados por el Gobierno socialista, demostrando una total despreocupación por los menores que llegan a Melilla". A esto suma el nulo respaldo del resto de comunidades autónomas: "No ha existido solidaridad interterritorial, ni ha primado el bien superior del menor a la hora de hablar del reparto de esta ayuda", manifestó el consejero.
La Ciudad Autónoma destina algo más de once millones de euros anuales a la atención y acogimiento de menores extranjeros no acompañados, y el Estado colabora con cinco millones al año.
Madrid lleva a los tribunales al Gobierno de Sánchez para reclamarle 700.000 euros para menores
La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra el Gobierno central para reclamarle 700.000 euros para la atención de menores extranjeros no acompañados (MENAS) resultado de la "injusta financiación" de la autonomía en la última convocatoria de ayudas de 40 millones de euros.
El vicepresidente y portavoz de la Comunidad, Pedro Rollán, y la consejera de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, han explicado que, aunque no están de acuerdo con los criterios que se fijaron para el reparto de la cantidad, el plazo para presentar reclamación finalizaba el 30 de diciembre y han decidido hacerlo en base a estos. Según el Ejecutivo regional, si se hiciera un cálculo con la atención "real" les corresponderían 7 millones.
Rollán ha recordado que en la primera propuesta de reparto la asignación que les correspondía fue de "cero euros". "El Gobierno consideraba que no existían MENAS atendidos en Madrid", ha criticado, al tiempo en el que ha indicado que el portavoz del PSOE en la Cámara regional, Ángel Gabilondo, incluso recurrió a la Fiscalía esta cuestión.
Para el vicepresidente, "en un claro ejercicio de sectarismo se excluyó a la Comunidad de la correcta financiación una cuestión por la que los gastos tienen que ser asumidos con los esfuerzos económicos que los madrileños hacen a través de sus impuestos".
Acto seguido, ha continuado detallando, el presidente autonómico, Ángel Garrido, se reunió con el presidente Pedro Sánchez y éste último se comprometió en que iban a "estudiar y analizar la situación que a priori parecía cuanto menos llamativa".
Tras ello, la consejera y su equipo aportó "toda" la documentación y se reunió con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, pero "no ha servicio para que el Gobierno se autoenmiende".
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