Vecinos del Portal 2 de Príncipe Felipe exigen soluciones ante problemas de ruidos y filtraciones causados por un gimnasio

Los vecinos del portal 2 de la Urbanización Príncipe Felipe, situada en la calle Mar Chica nº1 de Melilla, han alzado la voz para denunciar públicamente una situación que califican de “insostenible y peligrosa” a causa de la actividad que desarrolla un gimnasio ubicado en la misma finca.

La comunidad vecinal asegura estar soportando fuertes ruidos y filtraciones de agua persistentes desde que el gimnasio comenzó a utilizar un altillo/entresuelo como zona de musculación, con máquinas de pesas y otros aparatos de alto impacto. Según relatan, además se construyeron allí vestuarios y baños, lo que ha agravado las filtraciones, afectando seriamente al garaje y al portal del edificio.

“Los ruidos son constantes e insoportables. El local no está insonorizado y pese a que hubo una denuncia y un supuesto acuerdo para dejar de usar ese espacio, siguen incumpliéndolo”, denuncian los vecinos.

Además, cuestionan la legalidad de esta actividad, ya que el altillo tiene una altura de unos 2,10 metros, y, según recuerdan, un Real Decreto de 1997 establece que espacios de menos de tres metros de altura no pueden destinarse a actividades de uso público, salvo almacenamiento.

Más allá de los ruidos, los problemas más alarmantes tienen que ver con las filtraciones de agua provenientes de los baños del gimnasio, que han causado un importante deterioro en la estructura del edificio, tal como han constatado diversos peritajes. En el portal se han llegado a colocar hasta cinco cubos para recoger las goteras, y ya se han producido caídas de vecinos, incluidos niños, por el agua acumulada en el suelo.

“Tenemos grietas, daños en el hormigón, en las gavillas, agujeros en el techo, cascotes que han caído sobre coches y un aspecto lamentable en el portal. Esto no puede seguir así. Se está poniendo en riesgo la seguridad de todos”, afirman con preocupación.

La comunidad ha recurrido en varias ocasiones al seguro del edificio, e incluso el propio gimnasio ha enviado operarios para pequeñas reparaciones, pero los vecinos denuncian que estas actuaciones son “parches” que no resuelven el origen del problema. Un nuevo informe pericial ha advertido recientemente de la urgencia de acometer reparaciones estructurales valoradas en más de 70.000 euros, sin contar con los costes que tendría intervenir dentro del gimnasio.

Los residentes han presentado ya una demanda judicial, en la que se han solicitado medidas cautelares para el cierre total o parcial de la actividad mientras no se solucionen los problemas denunciados. Sin embargo, aseguran que, a día de hoy, el proceso sigue sin haberse incoado pese a haber transcurrido un tiempo considerable desde su presentación, aunque esperan que pronto se señale la fecha de vista.

“No queremos perjudicar a los propietarios del local, solo exigimos que se respeten las normas, que se garantice la seguridad del edificio y que se repare el daño ya causado. No podemos esperar más demoras”, subrayan.

Los vecinos apelan a la responsabilidad de las autoridades competentes, tanto municipales como judiciales, para que actúen con la celeridad que el caso requiere. La situación, afirman, no solo afecta a la convivencia, sino que pone en serio riesgo la integridad estructural del edificio y la seguridad de las personas que en él habitan.

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