Varias ONGs critican de nuevo la expulsión de inmigrantes a Marruecos

Varias ONGs, entre las que se encuentran entidades vinculadas a la iglesia o encargadas de la salvagarda de derechos humanos y la atención a refugiados, han expresado su oposición a la decisión del Ministerio del Interior de decretar la expusión exprés de un total de 55 de los 200 inmigrantes que lograron acceder a Melilla este mismo domingo. Las ONGs sostienen que este tipo de expulsión, invocando el acuerdo Corcuera de 1992, no cumple con las garantías legales mínimas o con los principios fundamentales de los derechos humanos, cuya declaración sanciona directamente las expulsiones en masa de personas. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha pedido a Podemos qe utilice su posición en el Congreso para poner fin a esta práctica. Varias ONG especializadas en inmigración han vuelto a cuestionar la legalidad de las devoluciones exprés de 50 de los 209 migrantes que ayer lograron saltar la valla de Melilla, al tiempo en que han reiterado que Marruecos “no es un país seguro”, dado que no respeta los derechos humanos.
“El experimento ya utilizado en Ceuta el pasado mes de agosto no debe ser el camino”, ha manifestado la directora de Políticas y Campañas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma Favieres, sobre las 50 expulsiones que se han llevado a cabo en menos de 24 horas.
En este salto, un total de 55 migrantes han sido devueltos en virtud del pacto bilateral firmado por ambos países en 1992, si bien varias ONG han vuelto a poner en tela de juicio la legalidad de esta práctica y, entre otras cosas, han puesto en entredicho que el procedimiento de devolución se haga con las debidas garantías y respetando los derechos de los migrantes.
“La mayoría procede de Mali y supuestamente no hablan francés. Queremos pensar que han tenido la mejor asistencia en materia de interpretación de bambara”, ha apuntado Favieres, quien ha recalcando que en la pasada devolución exprés muchas ONG “reportaron situaciones de detención” de las personas devueltas. “Esto, como Estado de derecho, no debemos permitirlo”.
Por su parte, las entidades de la Iglesia que integran la red Migrantes con Derechos han insistido en que se cumplan las garantías de cualquier procedimiento de devolución.
Estas garantías pasan por la identificación de cada persona, estableciendo los mecanismos para detectar la presencia de menores; la verificación de sus circunstancias personales, como causas de vulnerabilidad, estado de salud, etc; y la información en un idioma que sea entendido, sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar protección internacional, y sobre el eventual procedimiento de devolución y los recursos disponibles contra la misma.
Estas garantías básicas requieren tiempo y recursos, pues exigen proporcionar intérpretes, asistencia letrada (con tiempo suficiente para atender y entender la situación de cada una de las personas).
A juicio de la red Migrantes con Derechos, la devolución de estas personas a Marruecos violaría el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, han insistido en que “la rapidez no es siempre síntoma de eficacia cuando lo que está en juego son las vidas y el futuro de personas que traen consigo, en la mayoría de los casos, la traumática experiencia de un largo tránsito migratorio”.
Por su parte, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha condenado la devolución efectuada por el Ministerio del Interior, lo que consideran una violación del Artículo 4 de la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que rechaza de forma expresa las expulsiones colectivas de extranjeros; también han criticado que se aplique el “modelo Corcuera” de 1992 y ha solicitado formalmente al Grupo Parlamentario Unidos Podemos que utilice su posición en la cámara para impedir que se vuelva a aplicar.

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