Las ONG Geum Doudou, Solidary Wheels, Prodein, Novact, Irídia han pedido al Ministerio de Inclusión y Migraciones que abra una investigación interna respecto al trato que los vigilantes de seguridad privada del CETI dan a las personas que residen en él. También reclaman “protocolos claros de actuación de los vigilantes de seguridad privada” y consideran imprescindible que se genere “un canal efectivo para que las personas que residen en el CETI de manera temporal puedan denunciar mediante un canal seguro al Ministerio cualquier situación que pudiera producirse en el futuro”.
Esta petición se produce después de que esta semana un grupo de 20 personas residentes en el CETI de Melilla y solicitantes de asilo realizaran una protesta en la puerta del centro “para visibilizar la necesidad de que se tomen medidas ante la violencia vivida en el centro por parte de vigilantes de seguridad privada”, apuntan.
Señalan que en los últimos meses se han producido tres supuestos casos de violencia de los vigilantes contra residentes del CETI, los cuales han sido denunciados ante la Justicia.
Sin embargo, “más allá de los procesos judiciales por los 3 casos mencionados”, las ONG ponen el acento en la necesidad de adoptar medidas. Consideran indispensable que la administración asegure la transparencia en la normativa y regulación de la actuación de los agentes de seguridad privada y en las empresas y su contratación. “Asimismo, resulta esencial que se lleve a cabo la necesaria tarea de control y sanción en casos de mala praxis por parte de agentes de este ámbito”, añaden.
Remarcan, además, que “la falta de normativa específica y detallada en el CETI sobre su régimen interno permite situaciones de eventual arbitrariedad que podrían favorecer situaciones de tensión o incluso de violencia institucional. Urge que se apruebe y publique una regulación concreta, clara y específica sobre el régimen interno del CETI en los que los derechos fundamentales de las personas queden claramente protegidos”.
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