En 27 de septiembre de 2011 se publicó la nueva redacción del art. 135 de la Constitución Española de 1978, precepto que fue pactado y votado por los dos grandes partidos PSOE y PP cuando era Presidente el Sr. Rodríguez Zapatero, ante la gravísima situación de la economía española que estaba cerca de no obtener financiación internacional. El impulso inmediato fue la llamada de atención de las instituciones de la Unión Europea e, incluso, las llamadas telefónicas del Presidente Obama, que estaban preocupados por el crecimiento disparatado de déficit público español. Hemos de recordar que, desde el comienzo de la crisis económica del 2007, el gobierno socialista quiso reconducirla en España actuando de dos formas; por un lado negó la crisis, y por otro, decidió actuar contra la recesión incrementando el gasto público (famosos Planes E) para que se mantuviera la actividad de la economía española, como si nada ocurriera en la economía globalizada, ni en el sector inmobiliario, ni hubiera excesivo endeudamiento privado y de las Cajas de Ahorro. Fue un error gastar más; el exceso de gasto público no pudo mantener la actividad económica, ni frenar el gran deterioro laboral producido por el estallido de la burbuja inmobiliaria y por la falta de liquidez generalizada en todo el mundo, que arrastró a empresas, trabajadores y a las Cajas de Ahorro.
La finalidad de la reforma del art. 135 de la Constitución Española fue “garantizar la estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, garantizar la sostenibilidad económica y social de nuestro país” (Exposición de motivos). Se hizo con rango legal Constitucional para darle el nivel legal máximo e incluyó el concepto de techo de gasto público, concretó el límite de déficit estructural en el 0,4% del PIB y puso las bases para controlar el gasto de las administraciones públicas. El art. 135 no dice nada sobre límites ni reducciones del gasto público en los ámbitos de educación y de sanidad. Evidentemente, es un imperativo que todas las administraciones públicas queden sujetas a los límites de gasto para que España pueda cumplir los requisitos del pacto de estabilidad acordados en el ámbito europeo para cada uno de los países europeos miembros, cuyos principios básicos son que la deuda emitida no supere el 60% del PIB (España en 2014 ya ha superado el 100% del PIB) y que déficit anual no rebase el 3% del PIB, en relación al cual, España tiene, desde 2008, la siguiente secuencia; desde 2008 a 2012 un déficit anual de alrededor del 10%; en 2013 fue el 7,10% y en 2014 el 5,5%.
Pues bien, tras sólo tres años de esfuerzo de control y de reducción real del déficit público no pueden lanzarse las campanas al vuelo dando por concluido el esfuerzo contra el exceso de gasto porque el presupuesto español no presenta visos ciertos de alcanzar su equilibrio; el déficit de 2014 será del 5,5% del PIB, que significa que se gastan 55.000 millones de euros más de los que se ingresa la Hacienda y, ya, ante las próximas elecciones generales, surgen voces del partido populista y, por sorpresa, también del PSOE, para derogar o modificar el art. 135 de la Constitución Española entendiendo que, si llegan al poder, tendrán barra libre de gasto público y que los mercados van a financiarlo. Eso es una ilusión o utopía.
En las circunstancias económicas actuales de España de recuperación económica incipiente, de suministro masivo de liquidez por el Banco Central Europeo y de reconocimiento de la solvencia de la deuda española, fundada en la confianza de los inversores extranjeros en nuestras cuentas públicas, sería un gravísimo error modificar el art. 135 de la Constitución Española y sólo su cita, ya es un riesgo. Hay que hacer exactamente lo contario a lo que proponen estos partidos: hay que continuar la senda actual para que España sea un país fiable con seguridad jurídica y económica y debemos alejarnos de la suicida política populista y socialista viendo el triste estado de los ciudadanos de Cuba, Venezuela y de Argentina. Por ello los ciudadanos españoles y los grupos de la sociedad preocupados por nuestro futuro, debemos insistir en el respeto a la ley y a los pactos firmados. Es necesario explicar en los medios de comunicación este riesgo y es necesario expresar ante la población española que España no puede seguir el camino de los países citados porque somos país miembro de la Unión Europea y del euro, con un gran futuro, lo que está acreditado con la confianza recuperada en el coste de la financiación de la deuda, la reacción de la Bolsa y de las inversiones directas. La importancia de la continuidad y vigencia del art. 135 de la Constitución Española es trascendental:
Ante los ciudadanos españoles que esperan una administración prudente de los recursos públicos lo que requiere que el gasto público se atenga a las posibilidades reales de nuestra economía. Porque gastar ahora sin control perjudica a las generaciones futuras. ¿Por qué han de pagar los jóvenes españoles lo que ahora se gastan sus padres para vivir más cómodamente? La deuda no puede ser infinita y hay que gastar lo que se tiene, lo que se ingresa. Los llamados mercados son los inversores, que exigen disciplina y seriedad en las cuentas públicas, estudian las cuentas, sus desequilibrios y sus riesgos, porque desean recuperar, lógicamente, la inversión con su rentabilidad.
CONCLUSIÓN: El art. 135 de la Constitución Española, modificado en 2011 en unas circunstancias económicas gravísimas introdujo en 2011 la obligación de estabilidad presupuestaria de las administraciones públicas, para garantizar la sostenibilidad económica y social de España. Este precepto no puede someterse a los simples intereses electorales de partidos populistas porque el gasto incontrolado sería una irresponsabilidad, haciendo imposible la recuperación económica y la creación de empleo porque los mercados no financiarían la deuda nueva, ni renovarían la existente. Pura utopía.
Acceda a la versión completa del contenido
Utopía y contradicciones con el gasto público