UPYD cree que están haciendo "demagogia con el problema de los MENAS"

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia en Melilla (UPYD), Emilio Guerra, ha pedido "más rigor y sentido de ciudad" al gobierno de Melilla y a la oposición, al tratar la problemática de los menores extranjeros no acompañados, porque “se está practicando una política de interés electoral y partidista muy alejada del interés general". Recuerda que UPYD lleva tiempo reclamando la devolución de esas competencias al Estado, dada “la multiplicación exponencial en los últimos años de menores tutelados, algo que ha desbordado la capacidad de gestión” del gobierno de Imbroda.
Según Guerra, "lo más sensato es que sea el Estado quién asuma la responsabilidad y gestione esas funciones y servicios", apuntando que, una cosa es devolver competencias como las detalladas en el Real Decreto 1385/1997, “que tendrían cierta complejidad técnica, y otra bien distinta las del Convenio de colaboración sobre MENAs de 2012 que establece las causas de resolución del citado Convenio".

Desde UPYD, se critica "los vaivenes y falta de coherencia" del ejecutivo Imbroda que en 2002 "amenazaba con devolver competencias si no se le triplicaba la dotación presupuestaria". En enero de 2018 reconoció "que se equivocó al pedir la devolución, defendiendo entonces la tutela e integración de los MENAS" alegando, además que “sería imposible desde el punto de vista legal y recientemente, desde la llegada del PSOE a la Moncloa, leemos que"regalaría esas competencias, denunciando una entrada masiva inaguantable, haciéndose público que la CAM prepara "un estudio jurídico- económico para iniciar el proceso de devolución".

Para Emilio Guerra, "cuando se antepone la política de partido frente a las demandas y necesidades de la ciudadanía, ocurren esas incongruencias y débiles criterios que te dejan en evidencia, como es el caso". Se considera desde UPYD, que en este asunto "existen cuestiones externas que deben resolverse por vía diplomática entre los Estados de España y Marruecos", pero mientras el Gobierno de Madrid "decida o no, abordarlo con cierta profundidad, debemos cumplir nuestras leyes internas y las internacionales como la Convención de Derechos del Niño, salvo que Melilla sea un territorio con normas diferentes a las del Estado español".

Acceda a la versión completa del contenido