UPyD apuesta por crear un delito específico para la financiación ilegal de partidos

El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, informó ayer de que su partido ha planteado una moción como consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno en relación a las reformas legales necesarias para "combatir la corrupción política". En nota de prensa, el candidato número 14 de la formación upedista en las elecciones europeas, explicó que lo que UPyD quiere es que el Gobierno impulse en los próximos tres meses las reformas necesarias para perseguir y prevenir la corrupción política.

De este modo, el partido 'magenta' ve oportuno el establecimiento de un delito específico para la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral. El coordinador de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en Melilla, Emilio Guerra, informó ayer de que su partido ha planteado una moción como consecuencia de una interpelación urgente al Gobierno en relación a las reformas legales necesarias para "combatir la corrupción política". En nota de prensa, el candidato número 14 de la formación upedista en las elecciones europeas, explicó que lo que UPyD quiere es que el Gobierno impulse en los próximos tres meses las reformas necesarias para perseguir y prevenir la corrupción política.

De este modo, el partido 'magenta' ve oportuno el establecimiento de un delito específico para la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral.

Asimismo, Guerra avanzó que UPyD ha preguntado al Ejecutivo si Mariano Rajoy está en condiciones de asegurar que el Partido Popular (PP) no ha usado nunca fondos ilegales para sufragar las campañas electorales, tal y como ha denunciado el ex tesorero del partido Luis Bárcenas.

De ahí que Unión, Progreso y Democracia, afirma Guerra, abogue por incorporar a la legislación penal el enriquecimiento "ilícito o injusto" de los cargos públicos electivos, algo que se sustentaría en el incremento "desproporcionado" o "injustificado" de su patrimonio en relación con los ingresos que, por obligación legal, deben declarar públicamente.

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