Un grupo de estudiantes se dirige a clases en el campus universitario.
Subraya que resulta inconcebible legislar sobre prácticas externas sin escuchar a quienes diseñan los programas formativos
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha criticado que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pretenda aprobar el Estatuto del Becario sin contar con la participación de las universidades ni del alumnado.
Según denuncian, la comunidad universitaria lleva más de dos años reclamando ser escuchada en la elaboración del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, un texto que afecta directamente a la calidad de la educación superior. CREUP recuerda que el borrador presentado contenía “deficiencias técnicas y políticas” y que, pese a los retrasos acumulados, no se ha aprovechado el tiempo para mejorar el proceso ni abrir un diálogo real con las partes implicadas.
La organización considera que el Ministerio ha optado por una vía “rápida y sencilla”, pero que no asegura soluciones eficaces a los problemas que rodean las prácticas académicas. Subraya que resulta inconcebible legislar sobre prácticas externas sin escuchar a quienes diseñan los programas formativos, supervisan los convenios y tutorizan las actividades, así como a los propios estudiantes que sufren las carencias del sistema actual.
CREUP defiende que solo la comunidad universitaria puede identificar con realismo las lagunas del modelo y aportar propuestas para diseñar políticas públicas efectivas contra la precariedad. Por ello, exige al Ministerio que rectifique, abandone la estrategia unilateral y abra un proceso riguroso con la participación de universidades, profesorado y estudiantado.
Los estudiantes insisten en la necesidad de un marco normativo que proteja sus derechos, garantice el carácter formativo de las prácticas y evite que estas se conviertan en simple mano de obra barata. En este sentido, advierten que el Estatuto del Becario no debe ser una norma improvisada ni un instrumento de campaña política.
Finalmente, CREUP reclama al Gobierno que escuche tanto a quienes gestionan como a quienes realizan las prácticas si realmente quiere aprobar una ley que combata la precariedad en este ámbito.
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