Unidas Podemos reclama al Ministerio del Interior investigar presuntas agresiones por parte de agentes policiales a personas migrantes en la valla fronteriza de Melilla y, en caso de confirmarse, si piensa cesar a los responsables.
Así lo trasladan mediante varias preguntas parlamentarias los diputados del espacio confederal Antón Gómez Reino (Galicia en Común) e Ismael Cortés (En Comú Podem) en relación a imágenes difundidas sobre golpes de agentes a personas que trataban de cruzar la valla de Melilla, para que cayeran en el lado marroquí de la frontera.
Los dos parlamentarios exponen en su iniciativa que ayer y el pasado miércoles se produjeron sendos intentos de entrada al país, a través del perímetro fronterizo de Melilla.
Al respecto, detallan que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial las de varios agentes de Policía que hicieron uso de la fuerza.
De hecho, los dos diputados subrayan que esas denuncias aluden a posibles disparos al aire o golpes contra personas, para destacar que una veintena de personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad autónoma, sin poder cuantificar los heridos que se encuentran en Marruecos.
También pide que se aclaren si, en base a esas imágenes publicadas, se produjeron tres devoluciones «sumarias» que, según argumentan, han sido documentadas por la organización Solidary Wheels. Una actuación que, tal y como recalcan, son «contrarias a la legalidad» y han sido condenadas en su momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En consecuencia, Gómez-Reino y Cortés solicitan conocer la valoración del Ministerio del Interior al respecto y si contempla desplegar actuaciones de investigación para esclarecer estas denuncias.
Además, ahondan al departamento que dirige Fernado Grande-Marlaska si piensa apartar del servicio, o incluso cesar de sus funciones, a los responsables en caso de confirmarse las presuntas agresiones.
Finalmente, piden que se garantice el cumplimiento del protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos que «prohíbe las expulsiones colectivas».
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