Unicef advierte que el aumento de precios en el mercado inmobiliario incrementará la pobreza infantil

Unicef advierte que el aumento de precios en el mercado inmobiliario incrementará la pobreza infantil en España, elevando la tasa del 28,9% al 38,6%, y propone medidas para mejorar la vivienda asequible y garantizar derechos básicos para niños y familias, destacando que la falta de vivienda adecuada afecta su futuro.

En este sentido, Unicef ha recordado que los aumentos de precios en el mercado inmobiliario «repercuten y repercutirán en incrementos del riesgo de pobreza y exclusión social de la infancia». Asimismo, ha señalado que si de los ingresos se dedujeran los gastos de la vivienda, 780.000 niños, niñas y adolescentes más quedarían en situación de pobreza en España, «incrementando la ya alta tasa de pobreza infantil del 28,9% al 38,6%».

Asimismo, ha pedido impulsar y dotar de recursos las medidas del Plan de Acción Estatal para la implementación de la Garantía Infantil Europea; así como asegurar que la ampliación del parque público de vivienda de alquiler reúna las «condiciones adecuadas» para familias con niños; o desarrollar el concepto de «especial atención» de la Ley por el derecho a la vivienda con medidas, entre otras, «para fomentar la vivienda a precios asequibles o garantizar un empadronamiento libre de obstáculos que permita a las familias migrantes acceder a servicios de salud, educación y sociales».»El aumento del precio de la vivienda es una mala noticia para los niños y niñas, especialmente los más vulnerables. Y es que la subida de precios de la vivienda es una de las causas que lleva a muchas familias a soportar costes excesivos, disponer de menos recursos para cubrir otras necesidades de sus hijos e hijas, vivir hacinados o habitar en viviendas precarias o en infraviviendas», ha explicado el especialista en políticas de infancia de Unicef España, Gabriel González-Bueno.

 

La falta de vivienda adecuada «afecta» su futuro

 

Igualmente, Unicef ha añadido que la falta de una vivienda adecuada supone un «obstáculo» para acceder al derecho a un nivel de vida apropiado y que «afecta» a las oportunidades de futuro de los niños y adolescentes, además de repercutir en otros ámbitos y derechos de la infancia.

«Con las altas temperaturas, quienes pasen demasiado calor en su casa, por ejemplo, pueden tener más dificultades para estudiar, y aún más si no tienen un espacio propio para hacerlo», ha asegurado González-Bueno, para añadir que no habitar en una vivienda adecuada puede pasar también factura a la salud mental y a la protección de los niños.Unicef España recoge todas estas cuestiones en el informe ‘Yo también vivo aquí’, que recopila datos y análisis relativos a la vivienda «para constatar que los niños y adolescentes asumen cargas especialmente pesadas relacionadas con la vivienda y, pese a ello, no se les tiene en cuenta a la hora de tomar medidas relativas a esta materia».

 

 

En esta misma línea, ha recordado que los hogares con niños son el 33,5% del total de hogares en España y el 59% de los que están en alquiler; además, suponen el 72% de todos los hogares en situación de pobreza que están en alquiler.

También ha subrayado que la sobrecarga de gastos en la vivienda supone que los hogares destinan al menos un 40% de su renta a gastos relacionados con la vivienda, y un 11,1% de la infancia en España vive en un hogar con sobrecarga de gastos de vivienda. «Los hogares en situación de pobreza tienen 15 veces más posibilidades de asumir una sobrecarga de costes de la vivienda que los que no lo están», ha añadido.

Igualmente, ha hecho alusión a los retrasos en pagos de gastos de la vivienda en hogares con niños o adolescentes en España, que ha subrayado que afectan a uno de cada cinco menores en hogares en situación de riesgo de pobreza, mientras la cifra es de menos de uno de cada 20 en hogares por encima del umbral de la pobreza.

Finalmente, Unicef destaca «la falta de inversión en protección social en la vivienda», así como «la baja inversión en protección social de la infancia», que ha denunciado que tiene «implicaciones económicas y sociales a largo plazo».

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