Una sentencia judicial obliga a la Ciudad Autónoma a elaborar y aprobar en el plazo máximo de seis meses un catálogo con los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
El magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, Silvestre Martínez, dictó la resolución a favor del recurso interpuesto por el abogado Eduardo Ranz a raíz de la “desestimación por silencio” de la solicitud planteada a la Ciudad, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso MELILLA HOY.
En febrero de 2015 el abogado madrileño presentó ante la CAM una petición para que “se proceda a la retirada inmediata de escudos y otros objetivos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”. En la misma, solicitaba la elaboración del catálogo de vestigios.
Según consta en la resolución, Ranz “realizó una solicitud al amparo del derecho de petición, derecho configurado como un derecho fundamental en el art. 29.1 CE, y regulado en la Ley Orgánica 4/2001”. Según continúa en el escrito de la sentencia, la Administración debía “acusar recibo en el plazo de 10 días, pudiendo inadmitirla o tramitarla”. Sin embargo, “no hizo ninguna de ambas cosas”.
La CAM se opuso a la estimación del recurso que se refiere a la retirada de monumentos, insignias, escudos y otros objetos. No obstante, sí que estaba de acuerdo en el punto de la elaboración del catálogo de vestigios.
Aunque en la sentencia se recoge que la Ciudad podría presentar un recurso de apelación, la consejera de Cultura, Fadela Mohatar, aclaró que no haría falta puesto que la intención de la CAM era la de elaborar un catálogo de vestigios, tal y como reclama la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1. En este sentido, aseguró que ya se había encargado la configuración del inventario de monumentos y símbolos para que, posteriormente, se determine si ensalzan el franquismo o la Guerra Civil, tal y como condena la Ley de Memoria Histórica.
