La Ciudad Autónoma de Melilla deberá pagar de manera inminente seis millones de euros a la empresa adjudicataria de la gestión del centro de acogida de menores de La Purísima, a la que la Justicia ha dado la razón respecto a las cantidades que le adeuda y que el Gobierno de Melilla actual atribuye al anterior.
En rueda de prensa, la vicepresidenta segunda y portavoz de la Ciudad Autónoma, Fadela Mohatar, ha informado de que el Gobierno melillense tiene de plazo hasta este martes para pagar esa cuantía que le adeuda a la empresa Arquisocial, que desde 2021 presta el servicio con un contrato de emergencia.
Mohatar ha mostrado la preocupación del Ejecutivo melillense por esta situación, de la que ha tenido conocimiento el Consejo de Gobierno celebrado este lunes, y que “es paradigma de esa concatenación de una gestión mal hecha, deshilvanada, descoordinada y perniciosa para los bolsillos de los melillenses que hizo el Gobierno anterior”.
Así, la portavoz ha recordado que la contratación pública de la gestión del centro de menores fue “uno de los principales cismas” entre los socios políticos que conformaban al Gobierno de Melilla en la legislatura anterior, Coalición por Melilla (CPM) y PSOE, ya que el primero “quería a toda costa” un nuevo contrato cuando era imposible legalmente.
No en vano, Mohatar ha señalado que la Ciudad Autónoma no había tramitado en tiempo y forma su derecho a renunciar a la prórroga de dos años del contrato de gestión del centro de menores, cuya duración era de dos años más otros dos, de ahí que el PSOE, responsable del área de Bienestar Social, optara por la prórroga como única opción legal.
Este asunto fue motivo de “una tensa comisión” en enero de 2020, en la que salió adelante la prórroga pese a que CPM se opuso, gracias a los votos a favor de su socio, el PSOE, y el PP, principal partido de la oposición entonces, que “apoyó para sacar un tema sensible como es el centro de menores, para que no se quedara sin servicio”.
La prórroga fue finalmente de solo año, que expiró en 2021 y, desde entonces, este centro de acogida está funcionando mediante contratos de emergencia, cuyas cuantías no fueron abonadas por la Ciudad Autónoma, de ahí que la Justicia haya dado la razón a la empresa obligando a la administración a pagar ya los 6 millones que le adeuda.
De este modo, la Ciudad Autónoma debe abonar una serie de facturas impagadas prolongadas en el tiempo, la última de mayo de este mismo año, “por una inactividad y negligencia del Gobierno anterior”, según Mohatar, que ha considera que también se habría podido dar “una inactividad administrativa”.
Asimismo, ha informado de que el Gobierno actual “lo primero que hizo fue intentar arreglar el desaguisado” y, de hecho, tiene muy avanzado el procedimiento para elaborar un nuevo contrato de gestión del centro “con los procedimientos, plazos y bendiciones legales que debe tener un contrato de estas características”.
Ha lamentado que el Gobierno anterior, desde 2021, “no tuviera capacidad para formalizar y hacer un contrato absolutamente solvente y que sostuviera un asunto tan importante” como es el centro de menores y, en su lugar, optara por concatenar contratos de emergencia, acumulando una deuda de seis millones por los impagos.
De hecho, ha señalado que el PP, desde la oposición en la legislatura anterior, ya vino advirtiendo “de ese desaguisado administrativo, político y de control” porque tenía conocimiento de que ello “generaría problemas”.
Asimismo, el Gobierno actual no descarta exigir responsabilidades al anterior, ya que va a ver “todas las posibilidades” al respecto, al tiempo que lamenta el contratiempo que supone tener que pagar seis millones con tan poco margen en un momento en el que está intentando cuadrar el presupuesto del año que viene.
“Este es uno de los pufos, desaguisados y desastres de un Gobierno deshilvanado y enfrentado que ha ido dejando regalos por el camino”, ha insistido Mohatar.
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