La Consejería de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, dependiente del área de Salud Pública, publicará próximamente una orden en el Boletín Oficial de Melilla (BOME) con las normas higiénico-sanitarias que se aplicarán en función de los niveles de riesgo que sufra la ciudad en la pandemia. En rueda de prensa, el director general de Salud Pública, Juan Luis Cabanillas, explicó que esta orden estará basada en un documento de la ponencia de alertas y planes de preparación frente al coronavirus de la Comisión de Salud Pública, en la que se establecerán distintos niveles de riesgo para la población.
Se trata, en definitiva, de unos niveles de alerta con los que se podrán tomar medidas proporcionales al riesgo de transmisión del virus, y cuyos criterios estarán basados en la evidencia científica disponible, los estándares internacionales y la experiencia acumulada en la gestión de la pandemia en España.
Los indicadores que se emplearán para medir el nivel de riesgo se repartirán en dos bloques, uno de ellos para evaluar el nivel de transmisión, como la incidencia acumulada en los últimos 7 y 14 días, la tasa de positividad y la trazabilidad de los casos, mientras que el segundo será sobre el uso de los servicios asistenciales, es decir, la ocupación de camas de hospital y UCI.
Los indicadores entre 150 y 250 situarán a Melilla en un riesgo alto, y será muy alto a partir de 250, mientras que, desde 500 en adelante, obligará a adoptar medidas excepcionales, como el cierre de toda la actividad no esencial, que sería “el peor escenario”, y de ahí hacia abajo disminuirán progresivamente hasta la nueva normalidad del pasado verano.
El objetivo es que haya unas normas “claras y transparentes” que permitan a la población conocer las medidas que se van adoptando en función de los indicadores que haya, y que permitan, además, detectar nuevos brotes y los incrementos de la transmisión para actuar de forma precoz.
Asimismo, respecto a las sanciones que se han tramitado por incumplir las medidas anticovid, Cabanillas no facilitó datos, pero confirmó que la sanciones que tramita la Dirección General de Salud Pública y Consumo han crecido “enormemente” respecto a las que recibía anteriormente y ha destacado el “esfuerzo considerable” de los técnicos por sacarlas adelante.
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