Una deuda pendiente

Hace unos días, la Guardia Civil concurrió a unas elecciones internas para elegir a su Consejo para los próximos cuatro años en el único órgano democrático que posee la institución para velar por sus derechos. La Guardia Civil no tiene color político, ni sindical, y aún así, concurren cada cuatro años porque hay demandas históricas que ningún Gobierno ha querido satisfacer en reconocimiento al compromiso inquebrantable demostrado cada día en cada pueblo de España.
En Cataluña, los guardias civiles desplazados sufrieron el acoso y el escarnio públicos delos independentistas, hoy ya penalmente rebeldes, al haber declarado la independencia de una parte del territorio nacional. Solo por cumplir una decisión judicial que no política. La Generalitat, de forma irresponsable y a sabiendas de su objetivo, señaló con su dedo a los guardias civiles y la horda de independentistas arremetió en masa y de forma cobarde contra ellos, convirtiéndoles en culpables de una represión inventada y buscada para justificar su ilegalidad. Han sido humillados por los Mossos, expulsados de algunas localidades, acusados de represión y hacinados junto a otros agentes en cruceros que no cumplen las condiciones mínimas de higiene y nutrición. Hasta el momento, nadie ha reparado ese daño moral.

En nuestra ciudad, el drama de la inmigración ilegal también ha puesto en muchas ocasiones el foco sobre los agentes. Se han escuchado voces hilarantes que acusaban a la Guardia Civil de violencia; voces que no recuerdan —o no quieren recordar— que los que suben a desalojar la valla no lo hacen por voluntad propia ni con intención de dañar, sino bajo orden superior de defender un territorio. No me malinterpreten: no justificaré nunca la violencia gratuita, pero tampoco aceptaré la opinión de aquellos que dicen que la Guardia Civil solo hace daño a los subsaharianos que pretenden entrar de manera ilegal a Melilla. Una frontera no puede violarse. ¿Qué país del mundo no protege su frontera?
A pesar de todo, no escucharán nunca a los guardias civiles en los medios criticar o lamentarse. No los verán dando información en Facebook. Su respuesta al acoso es el silencio; su actitud tras una jornada dura de desalojos en la valla, replegarse y regresar al día siguiente. Siempre vuelven, a pesar de las críticas, como volvieron el miércoles después de los disturbios que obligaron a cerrar los tres pasos fronterizos en Melilla. Una frontera desbordada, sin recursos, sin personal suficiente y con una fuerte presión de gente desesperada, alentada y manipulada por intereses del otro lado. La losa que lastra al Delegado del Gobierno, que empieza a convertirse en estatua decorativa agotada en si misma.

Muchos melillenses quisiéramos que las imágenes que recogen los telediarios de la frontera fueran más amables, pero con el planteamiento actual de Delegación en materia de seguridad es una utopía. El problema de la frontera está alcanzando niveles preocupantes y el Gobierno parece incapaz de ver las consecuencias a pesar del nivel 4 de alerta antiterrorista. Lanza promesas, anuncia reuniones y se esconde de la prensa, y los bloqueos se convierten en aglomeraciones, éstas en disturbios y cierres, y los cierres en protestas cada vez más virulentas.

La falta de medios, personal, recursos e infraestructuras recrudecerá los incidentes, y la frontera se seguirá cerrándose por seguridad mientras el Gobierno da palos de ciego y no soluciones contra los que protestan sin entender que la situación está tocando su techo. Seguirá, sin duda, la escalada de tensión hasta que la situación se vuelva insostenible y empiece a peligrar la paz social al otro lado. Quizá entonces llegue la solución, pero hasta entonces, Policía y Guardia Civil seguirán desamparados, cumpliendo como cada día bajo un chaparrón de piedras e insultos haciendo lo único que les queda: cerrar las puertas.

Nos toca dar un paso; reconocer la importancia de su labor, de su compromiso, empezando por la equiparación salarial que llevan años reclamando, y que solo Ciudadanos, por justicia, ha convertido en una prioridad. Es lo mínimo para los que defienden la legalidad caiga quien caiga, ya sea terrorista, yihadista, criminal, corrupto, delincuente informático, pederasta o político.

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