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La Ciudad Autónoma de Melilla tendrá que pagar 7.800 euros en concepto de responsabilidad subsidiaria por la condena a varios menores extranjeros no acompañados que cometieron una agresión contra un ciudadano cuando estaban tutelados por la institución a pesar de que habían abandonado de forma voluntaria el centro de acogida. Además, otros menores han sido condenados a 12 meses de internamiento en el Centro de Reforma. El portavoz del Gobierno de Melilla, Daniel Conesa, informó ayer de esta condena por una agresión a un ciudadano, por la cual la Justicia considera en su sentencia que la Ciudad Autónoma es responsable subsidiaria por tener la tutela de los menores que cometieron dicha agresión.
El Consejo de Gobierno celebrado ayer tuvo conocimiento de esta sentencia, y también de otra similar en la que otros menores extranjeros tutelados han sido condenados a 12 meses de internamiento en el Centro de Reforma y otros seis meses de libertad vigilada, en los que la Ciudad Autónoma tendrá que establecer los medios necesarios para que se cumpla dicha libertad vigilada.
Conesa explicó que ambas condenas se deben a agresiones a ciudadanos, y evidencian el problema al que debe hacer frente la Ciudad Autónoma en el caso de un porcentaje pequeño de menores tutelados que “se niegan a aceptar una mínima disciplina” respecto a las normas de funcionamiento de los centros de acogida.
Estos menores “desaparecen” de los centros y prefieren malvivir en la vía pública para intentar salir de Melilla como polizones en los barcos que conectan la ciudad con la península, momento en que llevan a cabo este tipo de comportamientos que son motivo de condena.
“Esa conflictividad ha terminado en el centro de reforma” y a una responsabilidad subsidiaria por parte de la Ciudad Autónoma, lamentó Conesa en relación a este “problema que tiene consecuencias de tipo social” y una “trascendencia importante”.
Ante esta situación, la Ciudad Autónoma ha pedido al Gobierno central la reforma de la Ley del Menor para que la institución encargada de la tutela tenga la capacidad legal de establecer una disciplina y un régimen sancionador para que los menores, que están acogidos en régimen abierto, no solo tengan derechos, sino también una serie de obligaciones.
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