Un otoño duro

Ocupados y preocupados como estamos siguiendo de cerca los avances de los brotes del coronavirus no advertimos que están pasando a un segundo plano los datos que configuran el escenario de otro drama. Me refiero al paro. Oficialmente tenemos 3.862.000 parados. El 14,4%. Pero la cifra es engañosa porque no incluye al millón doscientos mil trabajadores inactivos que siguen acogidos a los ERTE, ni los cerca de dos millones más que son autónomos sin actividad.
Empresarios y sindicatos temen que una parte de los ERTE acaben en ERES. Estaríamos hablando de más de siete millones de personas desempleadas. Una olla a presión. El gasto del Estado para mantener a los afectados por el mazazo del coronavirus no tiene precedentes: ronda los 241.000 millones de euros, un 22% del PIB. Proyectados estos datos hacia el otoño anuncian un cuarto trimestre muy complicado en el ámbito laboral. O lo que es lo mismo: se avizora una etapa de agitación social y tensiones políticas .

Desde la salida del confinamiento el Gobierno ha procurado distanciarse de toda referencia a estas cuestiones. Han desaparecido del relato oficial que está construido sobre el maná que vendrá de Bruselas, la anhelada ayuda europea cifrada en 140.000 millones de euros. Un futurible redentor de todos los males que nos ha dejado la pandemia pero que, por desgracia, está en el aire.

La gira de Pedro Sánchez por Alemania, Holanda, Suecia y Francia no ha dado los frutos esperados. De los encuentros con sus colegas holandés y sueco salió sin poder disimular el fracaso. Los socios del norte son reacios a librar dinero sin contrapartidas y exigen que quienes vayan a recibir las ayudas realicen reformas. Un plan de reindustrialización, profundizar en las reformas del mercado de trabajo y reducir el gasto publico. En España 3.250.000 ciudadanos trabajan en el sector público y tenemos cerca de diez millones de pensionistas. En las giras europeas a Pedro Sánchez no le ayuda la composición de su Gobierno. Recelan de sus socios de Podemos y de sus propuestas populistas. En la anterior crisis (2008), cuando la deuda de España rondaba el 40% -ahora alcanza el 100%- Bruselas condicionó la ayuda (70.000 millones) que evitó la quiebra de las cajas y frenó la intervención de nuestra economía como sufrieron Irlanda, Grecia y Portugal al cambio de la normativa laboral. Ahora el Gobierno que solicita la ayuda de la UE es un gobierno de coalición cuyo socios impulsan la derogación de la actual reforma laboral. Soplar y sorber al mismo tiempo. Así que decaigan los ERTE, el próximo otoño va a ser duro, muy duro.

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