Un juzgado abre diligencias contra la esposa de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios

El Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, del que es titular el juez Juan Carlos Peinado García, ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según ha adelantado ‘El Confidencial’ y ha confirmado en fuentes jurídicas Europa Press. (Foto Europa Press).

Estas mismas fuentes señalan que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, y que se ha decretado el secreto de las mismas. Según el digital, entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos.

La denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, fue registrada por su presidente Miguel Bernad el pasado 9 de abril y en ella sostenía que Begoña Gómez, «prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas».

Recuerda que uno de los empresarios «beneficiados por esas recomendaciones o avales» de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros. «Este empresario además montó el Máster de Transformación Social Competitiva de la denunciada», sostiene, y añade que la cátedra de Begoña Gómez fichó además como profesor asociado a ese empresario.

Por otro lado, apunta que Víctor de Aldama, quien está investigado por la Audiencia Nacional como presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, era el contacto de Begoña Gómez en Globalia y ganó 6,67 millones antes de que se negociara «el rescate (…) de la compañía».

«Dispararon las adjudicaciones»

A esto suma que Air Europa «pactó pagar 40.000 euros al año al África Center de la denunciada» y que el acuerdo de Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para Begoña Gómez y su equipo.

Además, Manos Limpias sostiene que las cartas de recomendación y avales de la denunciada «dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad».

Tras estas aseveraciones, el sindicato indica que varios diarios digitales y de papel así como tertulias televisivas han denunciado estos hechos, que «revisten presuntos caracteres de delito de tráfico de influencias».

El artículo 429 del Código Penal

La denuncia apunta a la existencia de presuntos delitos relacionados con el artículo 429 del Código Penal, que sanciona la actuación de quien influya sobre un funcionario público o autoridad «para conseguir una resolución que para sí o para un tercero, directa o indirectamente, genere un beneficio económico».

Tras esto, el sindicato solicita en su denuncia que se cite a declarar tanto a Begoña Gómez como a los responsables de los medios de comunicación que publicaron noticias al respecto. También pide que se aporten las cartas de recomendación y los expedientes de los contratos adjudicados a Carlos Barrabés.

Este mismo miércoles, el presidente Pedro Sánchez ha salido al paso de la noticia y ha afirmado: «En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la Justicia de mi país, en su autonomía y en su independencia».

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