La Jefatura Superior de Policía advierte sobre los riesgos de los vuelos no autorizados para la navegación aérea en nuestra ciudad. Los agentes detectaron en la Alcazaba el dron no autorizado cuando se celebraba una concentración sindical.
La Policía Nacional ha propuesto para sanción a un individuo por sobrevolar con un dron en la zona de la Carretera de la Alcazaba. Un portavoz ha informado que en esos momentos se desarrollaba una concentración sindical frente a la Delegación del Gobierno cuando el Sistema de Detección de Drones se activó señalando un vuelo no autorizado. La Jefatura Superior de Policía ha recordado que el vuelo de drones ilegales en la ciudad conlleva sanciones impuestas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que pueden llegar hasta los 225.000 euros a particulares y 4.500.000 euros a profesionales.
El portavoz de la Jefatura ha explicado que el martes, sobre las 11:30 horas, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Base Delegada en la Jefatura Superior de Policía de Melilla de la Unidad Aérea de la Policía, que se encontraban realizando labores propias de su función de Seguridad y Protección Aérea, con motivo de una concentración sindical que se estaba desarrollando frente a la Delegación del Gobierno, detectaron la presencia de un “dron ilegal” que sobrevolaba las inmediaciones.
Al respecto, ha resaltado que rápidamente localizaron al piloto de la aeronave y se dirigieron hacia él, sorprendiéndolo en vuelo, a quien le hicieron indicaciones para que hiciera aterrizar el dron de forma inmediata.
A continuación, comprobaron que el piloto carecía de las autorizaciones y de la documentación necesaria para el vuelo que estaba realizando, “poniendo en riesgo la seguridad aérea ya que la ciudad de Melilla es un espacio aéreo controlado y ni el Proveedor de Servicios Aeronáuticos, ni la Torre de Control del Aeropuerto estaban informados del mencionado sobrevuelo”.
La Jefatura Superior de Policía de Melilla ha recalcado el peligro que conlleva el vuelo de drones ilegales en la ciudad “donde se pone en riesgo a la aviación regular tripulada, siendo éste el motivo por lo que las sanciones impuestas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a propuesta de la Policial Nacional son -ha subrayado- de un elevado importe económico que pueden llegar hasta los 225.000 euros en caso de particulares y hasta los 4.500.000 euros en caso de profesionales”.
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