"Un hervidero de extradiciones"

El Gobierno del PSOE no fue lo suficientemente claro en su día con el país vecino, al que dio alas en sus peticiones de extradición de ciudadanos españoles y comunitarios, aunque fuera a costa de crear inadmisibles dudas sobre la nacionalidad de todos los melillenses, sean del origen que sea. Así es como el PSOE defendió en su día esta ciudad, con posturas ambiguas y nada claras que se mantienen en el tiempo "Este país parece haberse convertido en un hervidero de extradiciones". Esta reflexión la hacía ayer el abogado Nayim Mohamed para hacer alusión a los casos de ciudadanos melillenses que se han visto en los últimos años envueltos en problemas judiciales por pesar sobre ellos peticiones de extradición por parte de Marruecos. El más conocido por todos es el de Alí Aarrás, un ciudadano comunitario, con pasaporte de Bélgica, pero de origen melillense, que fue detenido por una orden de Marruecos en abril de 2008 por su presunta implicación en una célula de terrorismo internacional. Cuando está a punto de cumplir seis años desde el inicio de su calvario, Alí Aarrás recibió ayer la mejor noticia posible en todo este tiempo.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU le da la razón en una resolución en la que este alto organismo exige al país vecino a ponerlo inmediatamente en libertad y a indemnizarlo por los daños causados, puesto que considera probado que fue sometido a un juicio injusto por la ausencia de pruebas materiales, torturas y detención arbitraria. Es lo que los abogados de Alí Aarrás llevan diciendo desde hace años ante el silencio de Marruecos, que ni siquiera ha respondido a los requerimientos de la ONU para que hiciera las correspondientes alegaciones en esta investigación que ha tardado dos años y medio. Queda por ver ahora cómo va a reaccionar el país vecino cuando reciba dentro de unos días esta resolución, que está obligado a acatar abriendo las puertas de la celda de la prisión de Salé en la que Aarrás lleva encerrado desde que el Gobierno de Zapatero dio luz verde al acuerdo de extradición en noviembre de 2010.

Sin entrar a valorar si Aarrás es culpable o inocente, porque eso le corresponde a un tribunal de Justicia, el quid de la cuestión es precisamente el hecho de que el Gobierno español aceptara la petición extradición hace algo más de tres años, a pesar de que los ciudadanos españoles no pueden ser extraditados a ningún otro país. Alí Aarrás, de origen melillense pero de nacionalidad belga, tampoco tenía que ser entregado a un tercer país porque los ciudadanos comunitarios que se encuentran en España residiendo o en tránsito tienen los mismos derechos que sus nacionales. Sin embargo, Zapatero dijo sí a los deseos de Marruecos de forma incomprensible, a pesar de que la ONU había mandado la paralización del procedimiento para que Aarrás fuera extraditado, en contra de una moción que la Asamblea de Melilla que también pedía lo mismo.

El delegado del Gobierno era entonces Gregorio Escobar, el actual líder socialista, que nunca dio explicaciones ni puso pie en pared para defender los intereses de los melillenses. Porque aunque se tratara de un caso particular, en realidad con esta extradición se creó un peligroso precedente para los ciudadanos melillenses de origen bereber, que en caso de tener en un futuro problemas legales con el país vecino, podrían tener que pasar el mismo calvario que él y Mohamed El Bay, el otro detenido para que también había una solicitud de extradición que finalmente fue rechazada.

Que el Gobierno de Zapatero entregara a Alí Aarrás a Marruecos dio alas a ese país para que años más tarde reclamara otra extradición, la de dos jóvenes melillenses, Rachib y Nabil, aunque esa petición fue denegada por el Gobierno de Rajoy. La negativa no ha impedido, sin embargo, que Nabil siga sufriendo la incertidumbre tras haber sido detenido hace veinte días cuando estaba en Bélgica porque la orden internacional de Marruecos seguía dando tumbos en la Interpol.

Por eso decía ayer el abogado Nayim Mohamed que España parecía haberse convertido en "un hervidero de extradiciones", todo porque el Gobierno del PSOE no fue lo suficientemente claro en su día con el país vecino, al que concedió todos sus deseos aunque fuera a costa de crear inadmisibles dudas sobre la nacionalidad española de todos los melillenses, sean del origen que sea. Así es como el PSOE defendió en su día esta ciudad, con posturas ambiguas y nada claras que se mantienen en el tiempo porque los dos actuales diputados socialistas en la Asamblea, Gregorio Escobar y Dionisio Muñoz, no han dicho ni hecho nada sobre este caso ni ahora ni en aquella época, en la que el primero era delegado del Gobierno y el segundo, secretario general del PSOE. Ambos traicionaron a Melilla y a sus habitantes, aunque ahora se hagan pasar por los salvadores de esta tierra.

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