Un ejemplo del absurdo que puede llegar a ser la Administración

Ante el caos diario que los melillenses sufrimos en las inmediaciones de la frontera de Farhana, un empresario que tiene alquilados los terrenos adyacentes al paso ofreció una solución sencilla, rápida y gratuita: crear un parking de espera para ordenar el tráfico. Dicho empresario ha gastado ya más de 1.000 euros en un topógrafo y en el pago de tasas municipales, y la última respuesta que ha recibido por parte de la Administración, concretamente de la Consejería de Fomento a cargo de Javier González, ha sido que, para que se le conceda el permiso de obra necesario para la limpieza y el vallado de los terrenos, debe aportar “informes favorables” del Ministerio de Defensa, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Fomento en un restringido plazo temporal. Si ante el emprendimiento, la Administración autonómica reacciona ahogando a los empresarios en burocracia a nivel nacional, ¿para qué sirve la CAM? Ante el caos diario de la frontera de Farhana, que ha acabado por desembocar en una situación insostenible en la que las colas de coches provocan el cierre, día sí, día también, de la circunvalación, un empresario melillense ofreció una solución rápida, gratuita y flexible en duración para descongestionar la zona y librar a los ciudadanos de tan engorrosa situación.
Dicho empresario, que tiene alquilados los terrenos adyacentes al paso fronterizo de Farhana, se ofreció a instalar un parking de espera para ordenar el tráfico rodado hacia el puesto fronterizo, una medida que permitía eliminar la “invasión” de la circunvalación, que generaría un beneficio económico para el interesado y que, además, no supondría coste alguno para la Ciudad Autónoma a la espera de encontrar una solución mejor.
Desde la Administración, se ignoró la propuesta del empresario, a quien finalmente se instó a solicitar el pertinente permiso para la limpieza y el vallado de la parcela, un permiso que, según afirma, solicitó hace tres meses, “gastando más de 600 euros en la contratación de un topógrafo y más de 500 en el pago de tasas municipales”.
Una vez realizado el trámite solicitado, la respuesta de la Administración evidencia su total inoperancia, en una suerte de “vuelva usted mañana” que induce a pensar que la única pretensión del Gobierno, desde el principio, es poner trabas a cualquier iniciativa.
Según la Dirección General de Arquitectura de la Consejería de Fomento de la Ciudad Autónoma, el empresario tiene, desde el pasado viernes, tres meses de plazo para obtener y presentar informes favorables de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En definitiva, para que la ciudad le conceda a este empresario una licencia de obra para la limpieza y el vallado de un descampado, el interesado debe sumergirse en el infierno burocrático de tratar con hasta cuatro entidades estatales, con los consiguientes gastos tanto de tiempo como de dinero que ello conlleva.
Llegados a tal punto, cabe preguntarse por la utilidad de nuestra Administración autonómica; ¿de qué sirven estimular el emprendimiento o atraer inversiones si cuando dichos emprendedores llegan se topan con un muro de trabas burocráticas? Si bien lo público no tiene la obligación de estimular lo privado, sí que tiene la obligación de, al menos, no impedir el desarrollo de nuevas iniciativas.
Mientras tanto, el resto de los melillenses seguiremos soportando los engorros del absoluto fracaso de nuestros responsables en la gestión fronteriza.

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