La intensificación por parte de la Policía Local en su esfuerzo por erradicar los vertidos de residuos y neumáticos en zonas rurales y urbanas empieza a dar resultado con varias actuaciones al respecto, sorprendiendo a varias personas in fraganti cuando procedían a depositar residuos y escombros en la pista de Carros y otros puntos de la Ciudad, según ha informado la Consejería de Seguridad Ciudadana que dirige Daniel Ventura (PP).
El área que dirige Daniel Ventura ha detallado que el trabajo continuado de los distintos efectivos del Cuerpo y como no, contando necesariamente con la colaboración ciudadana, como parte importantísima por su implicación por el cuidado del entorno y zonas rurales de la Ciudad, hace posible que se hayan llevado a cabo meritorias actuaciones.
Al respecto, ha destacado que una de las actuaciones por el vertido de residuos y material eléctrico y de montaje en la pista de Carros, tras las diligencias pertinentes, se pudo averiguar que correspondían a una empresa, la cual, fue la responsable del mismo.
Otras actuaciones, ha añadido Seguridad Ciudadana, fueron la identificación de una camioneta que había arrojado escombros días atrás en los Altos del Real y el pasado domingo fue sorprendido el conductor de una furgoneta de transporte arrojando cajas de corcho a un descampado.
Para terminar con las actuaciones realizadas en el mes de octubre, la Policía Local ha destacado el depósito de un camión plataforma, que tras las correspondientes gestiones y diligencias, así como por las denuncias de varios ciudadanos, que fueron testigos presenciales del depósito ilegal de más de cien neumáticos entre zonas urbanas y rurales, fue localizado e intervenido. Y el autor denunciado, el cual, tendrá que enfrentarse a las sanciones correspondientes por contravenir la actual Ley de Residuos.
Por último, el departamento que lidera Daniel Ventura ha agradecido a su vez la inestimable colaboración ciudadana denunciando tales actitudes incívicas. Ha recordado los puntos limpios, y como no, que las sanciones pueden ascender hasta los 100.000 euros, dependiendo de la gravedad de los vertidos, podrían llegar a ser considerados como un delito medioambiental.
