UGT Melilla alza su voz en el Día Mundial para la Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando la urgencia de reformas significativas en materia de seguridad laboral.
La Secretaría de Políticas Sociales hasta la de Riesgos Laborales, pasando por la Secretaría General de la FCP Servicios Públicos, se han delineado objetivos prioritarios que abarcan desde la adaptación del trabajo a las características individuales de los trabajadores hasta la creación de registros nacionales de exposición a agentes cancerígenos. Asimismo, se ha hecho un llamado enérgico a aumentar los recursos destinados a la inspección de trabajo y a mejorar las condiciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Dolores Creu, Secretaria de Políticas Sociales de UGT Melilla, ha hecho hincapié en la importancia de acabar con la «lacra de la siniestralidad» de manera inmediata. Enfatiza en la necesidad de actualizar la legislación relacionada con la seguridad y salud en el trabajo, especialmente en lo que respecta a las nuevas realidades laborales.
Maite Molina, Secretaria de Riesgos Laborales de UGT en la ciudad, ha destacado por su parte la crisis climática como un importante riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras. Subraya la necesidad de adaptar el trabajo a las características de los trabajadores, abordando los riesgos psicosociales y el impacto del cambio climático en el entorno laboral.
Sonia Ramírez, Secretaria General de la FCP Servicios Públicos, ha delineado tres objetivos prioritarios de UGT Melilla en materia de seguridad laboral. En primer lugar, aboga por reforzar la calidad de la gestión de la prevención de riesgos en las empresas y revertir las modificaciones en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que han simplificado las actuaciones preventivas. En segundo lugar, destaca la necesidad de acabar con el subregistro de enfermedades profesionales, especialmente el cáncer laboral, y abogó por la creación de registros nacionales de empresas y trabajadores expuestos a agentes cancerígenos. En tercer lugar, subraya la urgencia de reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales, incluyendo la obligatoriedad de realizar evaluaciones de riesgo y la integración de la perspectiva de género.
El sindicato pone el foco en el punto de mira la importancia de aumentar los recursos humanos y materiales para la inspección de trabajo, así como la necesidad de mejorar las dotaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Además, se ha demandado la creación de juzgados especializados en seguridad y salud en el trabajo y se hizo un llamado a aprobar con carácter inmediato un Real Decreto para regular un fondo de compensación para las víctimas del amianto.
En un contexto donde los accidentes laborales y las enfermedades profesionales siguen siendo una realidad preocupante, el sindicato insta a una acción decidida por parte de las autoridades competentes para proteger la seguridad y salud de los trabajadores.
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