UGT-FICA Melilla insta a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, para que dejen de vulnerarse los derechos de los trabajadores transfronterizos ya que se encuentran en una situación de “discriminación flagrante, agravio comparativo y de contratación de fraude de ley” puesto que “no siempre realizan las tareas para la que están contratados”. El sindicato no entiende por que los trabajadores transfronterizos teniendo las mismas obligaciones que los extranjeros, pagan sus impuestos, pero no tienen derecho a estar registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Abderramán El Fahsi El Mokhtar, Secretario General de FICA-UGT, calcula que estos trabajadores que residen en Marruecos y cruzan la frontera cada día para trabajar, son aproximadamente unas 4.000 personas, que “contribuyen al desarrollo económico de la ciudad tanto como sus residentes”.
Estos 4.000 trabajadores, cree que se encuentran en una situación de “discriminación flagrante, agravio comparativo y de contratación de fraude de ley” puesto que “no siempre realizan las tareas para la que están contratados”.
Tras tratar El Titulo X (Trabajadores transfronterizos) del Real Decreto 557/2011, aclaró que, dificultan su labor de acción sindical ya que vulneran los derechos de los trabajadores porque “no cumplen con los convenios colectivos, ni siquiera con el estatuto de los trabajadores”.
Por ejemplo, el secretario general expuso que, según el artículo 184, se establece que la validez de la autorización está sujeta al empresario con el límite de tres meses a un año, con lo cual los trabajadores no estarían encuadrados en ninguna actividad en concreto y no se les podía aplicar los convenios colectivos del sector que sea (construcción, metal, etc.)
Asimismo, en el artículo 183, indica que pone que las condiciones para la obtención de la autorización son los mismos requisitos comúnmente exigibles para un visado de residencia y trabajo.
El Fahsi aclaró que tanto los trabajadores extranjeros con permiso de trabajo y residencia como los trabajadores transfronterizos tienen las mismas obligaciones, pagan sus impuestos, pero estos últimos no tienen derecho a estar registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo.
Por lo tanto, resalta que “se quedan sin el derecho al desempleo y excluidos del sistema de jubilación de la Seguridad Social, al no tener los quince años cotizados, etc”.
Por todo lo anterior, insta a la delegada del Gobierno a tomar carta en el asunto para buscar una salida a un problema que “lleva muchos años ignorado por el anterior gobierno, con la mirada al otro lado mientras se beneficiaban de estos trabajadores”.
Para terminar, el secretario general de UGT-FICA recordó que es un colectivo que necesita la Ciudad, pero “ellos también tienen que ser tratados como el resto de los trabajadores de España y de Europa”.
