El sindicato UGT ha exigido este martes al Gobierno la necesidad de revisar los protocolos de actuación y las condiciones laborales de los vigilantes de seguridad dispuestos en los CETI (Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes) de Ceuta y Melilla, alegando que dichas condiciones «se han visto agravadas sustancialmente» debido a la crisis humanitaria y sanitaria que están sufriendo ambas ciudades autónomas. El sindicato ha remarcado que las competencias finales «en materia de seguridad privada» en España corresponden al Ministerio del Interior, así como, en el caso concreto de la seguridad privada dispuesta en los CETI, cuyos pliegos de contratación son competencia del Ministerio de Trabajo, han explicado en un comunicado.
En este sentido, han señalado que la situación de los distintos concursos licitados para este tipo de contratos «viene celebrándose con criterios sociales, laborales y económicos en su adjudicación».
Según el criterio de UGT, «distan claramente de facilitar las condiciones de calidad suficientes» así como «las propias condiciones laborales para las personas que prestan sus servicios en instalaciones reconocidas como de especial sensibilidad».
Así, el sindicato ugetista ha recordado que «lleva tiempo» solicitando al Gobierno «la necesaria revisión en cuanto a la adjudicación de este tipo de servicios», aclarando que «se debe profundizar en un mayor grado de formación para este colectivo».
Además, también han explicado que se deben «mejorar sus condiciones laborales, sociales y económicas como ya sucede con otros colectivos enmarcados en el sector servicios», en referencia a este tipo de instalaciones.
Es por ello que, según ha denunciado desde el sindicato, la situación actual vivida en los CETI ante el incremento de refugiados en las instalaciones «pone a los vigilantes de seguridad en situaciones límites» y conlleva «un mayor contagio de estos trabajadores dispuestos en los distintos centros de Ceuta y Melilla que reciben contestaciones superfluas por parte de sus empresas».
Igualmente han afeado el «total abandono» del Gobierno responsable de estos centros.
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