Donald Trump condenó los ataques rusos en Ucrania y sugirió sanciones a Moscú, reconociendo que Putin no está dispuesto a detener la guerra. Además, un juez desestimó su uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos. Su política internacional y nacional enfrenta dificultades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenó, el pasado sábado 24 de abril, los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania y volvió a plantear la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a Moscú. Trump parece haberse dado cuenta de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le está «dando largas» sobre la detención de la guerra de Ucrania.
En su vuelo de regreso desde Roma a EEUU, tras el funeral por el Papa Francisco, Trump se ha lamentado la actitud de Putin: “no tiene motivos para bombardear zonas civiles, ciudades y pueblos de Ucrania con misiles”.
Trump también declaró, en su plataforma Trust Social que: “es posible que haya que lidiar con Putin mediante sanciones bancarias y secundarias” y “me hace pensar que tal vez no quiere detener la guerra, solo me está dando largas y hay que tratarlo de otra manera”.
Trump parece ir dando bandazos en su política internacional y nacional. También va incumpliendo promesas (que casi nadie creyó verosímiles), como la de terminar con la guerra de Ucrania en 24 horas.
No se le puede negar que ha abierto una línea de diálogo con Rusia (que con Biden no existía), pero el resultado de su “intermediación” no está siendo el esperado. De momento se lleva “regular” con Zelensky y empieza a darse cuenta que tratar con Putin no va a ser tan fácil como pensaba.
Muchos denuncian que EE. UU. actúa como parte y no como mediador en la guerra, alimentando un conflicto que puede beneficiar al lobby armamentístico. Algunos afirman que Trump podría haber terminado con la guerra si cortase el grifo a Ucrania.
Un revés a su política nacional
Un juez de distrito de Estados Unidos dictaminó, el pasado jueves 1 de mayo, que las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración del presidente Donald Trump, eran ilegales, argumentando que el gobierno carecía de autoridad legal para usar la ley para detener a inmigrantes venezolanos. Trump invocó la ley para agilizar el proceso de detención y expulsión de miembros de la banda venezolana Tren de Aragua. El juez determinó que el uso de la ley por parte de Trump era indebido, afirmando que solo se aplica en situaciones en las que el país se encuentra bajo ataque armado. A principios de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos también ordenó a la Casa Blanca pausar temporalmente las deportaciones de presuntos pandilleros venezolanos.
Trump es el líder de una gran potencia, pero empieza a darse cuenta que no puede hacer lo que quiera y como quiera. Al caso de Putin y Zelensky (que no se pliegan a sus exigencias), se une el antes citado revés judicial.
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