Treinta miembros de PSOE y CPM, al banquillo de los acusados por el caso voto por correo

El caso voto por correo estalló en plena campaña electoral con el escrito de acusación de la Fiscalía contra los 30 miembros de PSOE y Coalición por Melilla (CPM), y un auto del juez que ha llevado la instrucción en el que acordaba posponer la apertura del juicio oral hasta después de las elecciones. El lunes 25, solo un día después de que se celebrara la jornada electoral, dio el paso definitivo con otro auto con el que, oficialmente, los 30 imputados se sentarán en el banquillo de los acusados cuando la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla fije la fecha de inicio del juicio. Además, se les da tres días de plazo para que designen un abogado y procurador, y 10 días para que abonen las fianzas que se les ha impuesto para asegurar el pago de responsabilidades en caso de ser condenados. Si no pagan, se les embargará sus bienes. Las fianzas establecidas para los 30 acusados se corresponden con el importe de las responsabilidades civiles y las multas que piden para ellos la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el PP. En algunos casos, dichas fianzas llaman la atención por lo elevado de sus cuantías, que afectan a quienes han sido considerados por la Fiscalía como los mayores responsables de la presunta trama de compra de votos para la candidatura de PSOE y CPM en las elecciones generales de 2008.

Los que más fianza deberán depositar son Mustafa Aberchán y Dionisio Muñoz, considerados por la Fiscalía como los "cabecillas", a los que se ha impuesto una cuantía que se eleva por encima del millón y medio de euros entre los dos. Exactamente, cada uno tendrá que abonar como fianza 636.568,70 euros en concepto de responsabilidad civil, y 144.000 euros en concepto de multa.

Estas cuantías son tan elevadas por la gravedad de los presuntos delitos que se les imputa a ambos, que son concretamente supuestos delitos electorales, falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

Las otras fianzas también elevadas entre los 30 procesados corresponden a quienes tenían responsabilidades públicas sobre los tres planes de empleo de 2008 y 2009 que presuntamente fueron utilizados como moneda de cambio por los votos. Son concretamente el exdelegado del Gobierno, Gregorio Escobar, el exdirector provincial del Servicio Público de Empleo, Joaquín Arana, y la exdirectora de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD). Los tres tienen la misma fianza: 636.568,70 euros en concepto de responsabilidad civil, y 43.200 euros en concepto de multa. En total, 679.768,70 euros que deberán abonar en 10 días si no quieren ver embargados sus bienes, tal y como ha decretado el juez.

La Audiencia lo juzgará
El auto de apertura de juicio oral, contra el que no cabe recurso, declara a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla como el órgano competente para juzgar a los 30 acusados de este caso, dado el volumen de la causa y las penas que las acusaciones piden para ellos.

Precisamente por esa razón, el juez también ha dado un plazo de un mes para que los procesados presenten un escrito de defensa en el que expresen si están conformes o no con la acusación, y propongan las pruebas y testigos que deseen llevar al juicio. Una vez solventado este paso, será la Audiencia Provincial la que fije la fecha de celebración de este juicio, posiblemente uno de los más importantes de la historia en Melilla. Fuentes judiciales calculan que podría dar comienzo en el último trimestre de este año y que podría prolongarse durante varias semanas, habida cuenta el volumen de la causa y la cantidad de acusados y testigos que tendrán que prestar declaración.

Las penas que pide el PP
El PP ejerce en este caso la acusación particular. El auto refleja su petición de penas, que en algunos casos es incluso superior a la de la Fiscalía. Para Aberchán y Muñoz, el PP pide 29 años y 9 meses de cárcel, 58 de inhabilitación y multa. Para Escobar, Mansilla y Arana, reclama 6 años de cárcel y 28 de inhabilitación.

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